En este sentido, la Delegación del Gobierno anunció este lunes que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado formularon durante la semana pasada un total de 77 personas a personas que se habían saltado la cuarentena en Castilla y León después de haber tenido un resultado positivo en las pruebas de detección del Covid-19.
En este sentido, se han recabado los datos referidos a las nueve provincias de la comunidad, en las que se han realizado diferentes controles aleatorios por parte del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil para constatar que quienes figuraban en los listados de personas con PCR positiva remitidos por la Junta de Castilla y León realizaban la cuarentena en sus domicilios. De los 1.282 ciudadanos con quienes se trató de contactar en la comunidad, un total de 77 –cifra que representa un 6%– no se encontraban en sus casas, siendo por lo tanto objeto de denuncia por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Es preciso destacar que en los listados facilitados por la Consejería de Sanidad de la Junta figuran 24 municipios de la comunidad a controlar que están repartidos por las nueve provincias. Entre ellos, por volumen de controles realizados esta semana, destacan Valladolid, Pedrajas de San Esteban, Medina del Campo, Salamanca, Palencia, León, Burgos y Miranda de Ebro.
El mayor número de denuncias se registró durante la pasada semana en las capitales de provincia de León, Burgos y Valladolid, por este orden. Concretamente, los datos referidos a la capital leonesa facilitados desde la Delegación del Gobierno hablan de un total de 169 controles y de 27 sanciones.
Además, esta semana se incorporaron, aunque «de forma testimonial», las provincias de Segovia y Zamora, cuyos municipios habían salvado hasta ahora los controles. Con este último dato, son un total de 97 las personas denunciadas desde que comenzó esta labor por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Castilla y León.
Es preciso recordar que el delegado del Gobierno, Javier Izquierdo, y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, rubricaron recientemente un protocolo de actuación en el que ambas administraciones se comprometían a colaborarán en los trabajos de control de cumplimiento de las cuarentenas. En esta tarea están implicados los inspectores de la Junta, las policías locales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Dicho protocolo ha comenzado a aplicarse en las zonas en las que la pandemia está registrando una mayor incidencias y se lleva a cabo mediante controles aleatorios que son presenciales o telefónicos y que tienen como objetivo fundamental disuadir a la población de romper la cuarentena.
Según el protocolo, la Junta se comprometía a comunicar, informar y asesorar a la Delegación del Gobierno sobre los criterios sanitarios autonómicos establecidos contra el coronavirus y sobre los contactos de las personas que deben estar en cuarentena. Por su parte, la Delegación del Gobierno se comprometía a apoyar al personal inspector de la Junta a las policías locales, así como a la incoación de las denuncias por eventuales infracciones.
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