Un aluvión de solicitudes ha generado la convocatoria de ayudas al alquiler de 2025. En conjunto, la Junta maneja una ‘montaña’ de 34.120 expedientes que ahora comienza a expurgar con el fin de revisar si alguno está duplicado o si la documentación está incompleta. Todo ello, pese a los avances de la digitalización, les llevará unos meses para resolver una convocatoria que dispone de un máximo de 59,5 millones de euros. De esta forma, las ayudas al alquiler de la Comunidad marcan un récord de peticiones en la convocatoria de 2025. De las 34.120 recopiladas en un primer balance provisional, según fuentes oficiales consultadas por Ical, 21.347 llegaron a través del registro presencial y 9.854 por el sistema telemático, a las que se unen otras 2.919 sin provincializar todavía.
En concreto, la convocatoria de 2025 que se abrió el 1 de diciembre y se cerró el 30 de enero, no ha encontrado techo y ha vuelto a superar el umbral de peticiones registradas hasta ahora por los servicios autonómicos. En concreto, fueron 2.758 más que en la anterior edición, de acuerdo a los primeros datos que maneja la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. En la convocatoria de 2024, que se resolvió el pasado mes de julio del pasado año, la Junta recibió 31.362 solicitudes, un 14,93 por ciento más que el año anterior. Tras revisar todas las peticiones durante cinco meses y medio, Vivienda concedió y abonó la ayuda a 21.006 beneficiarios.
En la edición de 2023, la Junta ordenó a mediados de junio de 2024 el pago de las ayudas a 18.456 familias, para lo que tuvo que incorporar 20,9 millones adicionales a los 19,7 previstos en la convocatoria. En 2018, la Junta aumentó la partida inicial en 3,2 millones; en 2019 en 4,8 millones; en 2020 en cinco millones; en 2021 en 11,3 millones; en 2022 en 12,5 y en 2023 en 20,9 millones.
Por provincias, Valladolid fue la que registró el mayor número de solicitudes, con 8.287; le siguió León con 6.230; Salamanca, con 4.479; y Burgos, con 4.147. Un número similar recibió la Junta en Zamora (1.887) y Palencia (1.875), así como Segovia (1.797), Ávila (1.670) y Soria (829).
En los últimos años, la Junta ha incrementado notablemente el alcance de estas ayudas: entre 2022 y 2024 se beneficiaron más de 53.700 personas (en 2022, 14.277; en 2023, 18.456; en 2024, 21.006), y en 2025 se prevé llegar a unas 23.500 beneficiarios, con una subvención media de 2.500 euros.
Novedades
Estas ayudas, destinadas a facilitar el acceso y mantenimiento de la vivienda en alquiler, están dirigidas a jóvenes de hasta 35 años, personas en situación de vulnerabilidad sobrevenida y al resto de la población con ingresos limitados. A raíz de la legislación, los límites de renta máximas mensuales subvencionables se incrementan entre un 7 y un 33 por ciento, según el tipo de municipio y las circunstancias personales. En ciudades como Ávila, Palencia, Soria, Zamora, Aranda de Duero, Miranda de Ebro o Ponferrada, el límite general pasa de 500 a 550 euros. En familias numerosas de categoría general, aumenta de 600 a 700 euros, y en las de categoría especial o con discapacidad, de 700 a 800 euros.
En los municipios limítrofes con capitales de provincia y más de 5.000 habitantes, el límite general pasa de 450 a 550 euros, y en el resto, de 450 a 500 euros. Para habitaciones, los topes se elevan de 150 a 200 euros en determinados casos.
Características de las ayudas
La cuantía asciende al 50 por ciento del alquiler con carácter general; al 60 por ciento para jóvenes, que puede llegar al 75 por ciento si residen en municipios del ámbito segundo. El importe subvencionado alcanza asimismo el 75 por ciento para personas en situación de vulnerabilidad sobrevenida. Y son compatibles con el Bono Alquiler Joven, salvo en municipios del ámbito segundo. Los requisitos de ingresos se fijan entre 0,5 y tres veces el IPREM (4.200 a 25.200 euros), ampliables hasta cinco veces el IPREM para familias numerosas o personas con discapacidad.
El período subvencionable será del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025. Además, los solicitantes deben aportar el contrato de arrendamiento y los justificantes bancarios de pago del alquiler desde enero a diciembre de 2025. El resto de documentación podrá ser recabada electrónicamente si el solicitante autoriza la consulta de datos por parte de la Administración.
Por otra parte, se mantiene el Programa de ayuda al alquiler para dotar de vivienda inmediata a personas en situación de especial vulnerabilidad, una iniciativa de la Junta que ofrece soluciones habitacionales urgentes y dignas a colectivos en riesgo de exclusión social, como mujeres víctimas de violencia de género, personas sin hogar, víctimas de violencia sexual o personas con discapacidad psíquica, entre otros casos determinados por los servicios sociales.