León cuenta con 76 licencias de alquiler de coches con conductor

La explosión de usuarios y coches de alquiler con conductor de plataformas como Uber y Cabify se está dejando ya notar en León. Según los datos facilitados por la Consejería de Fomento, en la provincia existen actualmente 76 licencias VTC (vehículos de alquiler con conductor) y 14 empresas de este sector, mientras que en el conjunto de Castilla y León hay 343 autorizaciones y 57 compañías de esta materia.

Una de las condiciones que deben cumplir este tipo de licencias es que debe haber una de VTC por cada 30 de taxis, según la última normativa al respecto (el Real Decreto 1057/2015), aunque ha habido varias modificaciones y se ha cubierto el cupo, aunque sí se ha obligado a conceder este tipo de autorizaciones pese a que haya más de esta proporción después de la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de febrero de 2015.

Se trata de una competencia legislativa del Estado pero que da la competencia de ejecutar y gestionar las autorizaciones a las comunidades autónomas. Aun así, ha habido varias modificaciones que han supuesto cierta incertidumbre en el sector del taxi, el más perjudicado por la proliferación de plataformas como Cabify y Uber, que son las que se aprovechan de este tipo de permisos que hasta hace pocos años se destinaba a los coches de alto lujo que cubrían una cuota de negocio al que el taxi tradicional no aspiraba.

Por eso el descontento entre los taxis ha ido en aumento durante los últimos años, como se ha visto en grandes ciudades como Madrid o Barcelona contra Uber o recientemente la quema de varios vehículos de Cabify en Sevilla. En este contexto, los taxis de la capital leonesa y del resto de la provincia se concentrarán hoy a las 12 horas frente a la Subdelegación del Gobierno para reclamar al Gobierno una mayor "implicación" a la vez que pretenden denunciar el perjuicio que provoca al sector la existencia de estas plataformas cuyos conductores no tienen que pagar los mismos impuestos, según especifica el presidente de la asociación provincial, Miguel Ángel Matilla.

Este representante del sector explica que la normativa de VTC estaba destinada a «vehículos con unas características especiales, pero ahora vale cualquier tipo de coches», lo que hace que hayan proliferado para así servirse de la tecnología y abaratar el coste para el usuario. Pero eso supone que en primer lugar, los conductores "no cumplen con las obligaciones", como estar asociado a una ciudad como sí pasa con el taxi tradicional o que "ni siquiera tengan las tarjetas de transporte". "Además, Uber y Cabify no pagan sus impuestos en España, lo hacen en otros países", agrega Matilla para dejar claro que el enorme beneficio (se estima que un 25% de cada servicio) que logran con cada conductor, al que no pagan nada y funciona por cuenta ajena, tributa en el extranjero.

"Quieren que se liberalice el sistema, que puedan tener las licencias que quieran", apunta el presidente de la asociación provincial, a la vez que deja claro que estas aplicaciones móvil "no son competencia, porque entonces tendrían que luchar con las mismas armas, esto es competencia desleal".

También resalta que "los clientes no pueden reclamar cuando hay problemas", lo que añade indefensión a un usuario que se beneficia de los precios bajos que marcan estas plataformas que, como no tienen gastos de conductores o vehículos, los marcan según la demanda, por lo que también perjudica al conductor que se adhiere.