El Ayuntamiento de León aprobó este viernes de manera definitiva el establecimiento de la nueva ‘Tasa por prestación de los servicios de recogida, transferencia, clasificación, tratamiento y eliminación de residuos domésticos y asimilables a domésticos’ y la correspondiente ordenanza fiscal que la regulará a partir del próximo año.
El texto salió adelante con el apoyo del equipo de gobierno del PSOE y del grupo municipal de la UPL, mientras que PP, Vox y el concejal no adscrito, Ildefonso del Fueyo, votaron en contra debido al incremento de la recaudación previsto con la nueva tasa, que unifica las que hasta el momento estaban cobrando el Ayuntamiento y Gersul de manera independiente por la recogida y el tratamiento de los residuos.
El concejal de Hacienda y Promoción Económica, Carmelo Alonso Sutil, indicó que con esta ordenanza se da cumplimiento a la Ley de Residuos impulsada por el Gobierno de España en 2022, que establece que el servicio de recogida y tratamiento de residuos no puede ser deficitario, pero tampoco puede ingresar a través de las tasas más dinero del que cueste su prestación.
Es por eso que justificó la desestimación de las alegaciones presentadas por la sociedad cooperativa de viviendas Bernesga y por la Federación Leonesa de Empresarios (Fele), que pedían unas bonificaciones que sin “casi inexistentes” cuando se trata de una tasa.
Por su parte, el portavoz municipal del PP, David Fernández, insistió en el «afán recaudatorio» de la nueva ordenanza, puesto que se prevén unos ingresos de 11,6 millones de euros que supondrían un incremento del 26% en comparación con los 9,3 de las dos tasas que se venían cobrando hasta ahora de forma independiente. El edil ‘popular’ apoyó las reclamaciones presentadas (y finalmente desestimadas) y habló directamente de “atraco de manual” antes de defender que se trata de un texto «injusto y no equitativo» que no se acerca al “espíritu” de una ley que obliga a cobrar más a quien pague más residuos genera. “Es una ordenanza aprobada a la carrera y de manera improvisada para recaudar más. Nunca vamos a aprobar subidas fiscales, pero mucho menos sin son injustificadas como la que se debate hoy. Dicen que están obligados a aprobarla, pero se les ve encantados de recaudar más para seguir malgastando”, sentenció Fernández.
Mientras, el portavoz municipal de la UPL, Eduardo López Sendino, anunció su apoyo a la ordenanza y aseguró entender los razonamientos de los técnicos a la hora de desestimar las reclamaciones.
El debate prosiguió con la intervención de la portavoz de Vox, Blanca Herreros, quien aseguró que la ordenanza no “redistribuye la carga fiscal” y es “confiscatoria”. “Las reclamaciones desestimadas señalan las incoherencias del texto, ya que no se cumple el principio del pago por generación de residuos y adquiere por tanto un carácter recaudatorio. La base imponible se fija por los metros cuadrados con independencia de las personas que vivan o los residuos que generen y se cobra igual a un local al margen de que esté abierto o cerrado. Esperemos que, después de este atraco, al menos veamos la ciudad más limpia”, argumentó Herreros.
Y también rechazó la ordenanza el concejal no adscrito, Ildefonso del Fueyo, quien reconoció en todo caso que la tasa viene impuesta por las “ansias recaudatorias” del Gobierno de España, que “lleva desde 2018 vampirizándonos las carteras”.
La nueva ordenanza debe regular el cobro por la recogida y el tratamiento de residuos a partir de la llegada del nuevo año tras la liquidación de Gersul como consecuencia de su importante deuda como consecuencia de que la recaudación de la tasa no cubría el coste del servicio.
De esta forma, la tasa pasará de ser trimestral a anual, aunque los recibos domiciliados podrán pagarlo en dos plazos y contarán con una bonificación del 2% como ocurre actualmente con el IBI.
Desde el equipo de gobierno aseguran que es la mejor ordenanza posible hasta que se puedan digitalizar los contenedores para que cada ciudadano deposite la basura con una tarjeta inteligente. Es por eso que se apuesta por aplicar la nueva tasa conjunta a partir de la referencia catastral, lo que servirá además para acabar con el fraude que había hasta ahora.
En todo caso, el criterio de la superficie de la vivienda no cumple al 100% al objetivo que fija la Ley de Residuos aprobada por el Gobierno de España en 2022, que habla de cobrar a cada ciudadano en función de los residuos que genere. Es por eso que la idea de los responsables municipales pasa por adaptar la ordenanza una vez que en el futuro se implementen los sistemas tecnológicos que lo hagan.