León, Ponferrada, Fabero, Bembibre, La Robla o el eje entre la capital y Astorga son los principales núcleos afectados por la contaminación lumínica, con presencia de lámparas de led de alta temperatura de color, superiores a 3.000 grados kelvin, que es el límite permitido por ley, y que cae hasta los 2.200 en zonas protegidas.
Se trata de un estudio elaborado por el astrofísico Alejandro Sánchez de Miguel, del Departamento de Física de la Tierra de la Universidad Complutense, en base a un mapa de contaminación lumínica calibrado, de alta resolución, de la Península Ibérica.
«Los que tienen luces azules, que sepan que no es una condena para siempre y las pueden reconvertir; y pensar en el impacto ambiental, porque plagas como el mosquito tigre se ven más atraídas por estas luces», advierte.
En España es «ilegal instalar» lámparas de led de alta temperatura de color, principalmente de más de 3.000 grados kelvin, y superiores a 2.200 en zonas protegidas. «Esto nos ayuda a localizarlas y detectar quien lo está haciendo mejor», asevera. Según el mapa, las luces naranjas son buenas, la amarilla, regular, el blanco es peor y el azul, mal.
Parámetros para reducir la contaminación lumínica
El astrofísico enumera cinco parámetros a tener en cuenta para reducir la contaminación lumínica. En primer lugar, evitar poner luz donde no hay falta, y sobre eso en España, añade, hay una norma de la Dirección General de Carreteras, que dice «cuándo debes o no iluminar». La segunda, tampoco hacerlo en espacios naturales. En tercer lugar, cuando «ya no haya nadie, apaga, si puede ser, y si no, baja la intensidad», algo que establece la Ley de Eficiencia del Alumbrado Exterior de 2008, «pero que nadie cumple». «Sí lo hace Madrid capital, que es de las pocas que lo cumple» defiende. El cuarto punto es apuntar la luz hacia abajo si es preciso iluminar; y por último, «usa solo la luz azul que sea estrictamente necesaria, y si tienes que hacerlo, instala solo la cantidad necesaria, no más de lo que hace falta».
Al respecto, Castilla y León cuenta con una ley de 2010 que regula estos apartados, pero Sánchez critica que «falta el reglamento, aún sin desarrollar, con lo que es más difícil aplicar la mitad de la ley».
Alejandro Sánchez sostiene que un dato que «es muy interesante» para Castilla y León es el gasto por habitante del alumbrado público en las zonas rurales, hasta seis veces superior al de las zonas urbanas.