Los máximos responsables de estas opas, Donaciano Dujo, Jeús Manuel González Palacín y Aurelio González explicaron en una rueda de prensa que saldrán a la calle en la capital del Pisuerga en una macromanifestación entre la plaza de Colón y la plaza Mayor, ante la ausencia de medidas reales por parte de las administraciones para apoyar al sector en un año «desastroso». Los responsables agrarios aclararon que el calendario de movilizaciones arrancará la semana del 7 al 11 de agosto en las diferentes provincias de la comunidad, donde las organizaciones territoriales decidirán libremente cómo las acometen.
Las opas lamentaron la ausencia de Coag para lograr la unidad de acción de todo el campo regional ante un «gravísimo problema» que afecta a todo el sector autonómico. Aurelio González tachó de «error» el comunicado emitido ayer por sus compañeros en La Alianza, en el que señalaba que las movilizaciones respondían a intereses electorales, aunque asumió su independencia para adoptar esa decisión.
2.000 millones de liquidez
Por su parte, la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, expresó su respeto a la decisión de las organizaciones agrarias, per recordó que este año el sector podrá acceder a 2.000 euros de liquidez, a través de la flexibilización de las ayudas de la PAC y por medio de la financiación de préstamos, avales y reducción de tasas.Marcos recordó que se han puesto sobre la mesa 145 millones de euros de dinero público a través de ayudas directas o por medio de la reducción de tasas e impuestos para el sector, como el IRPF, y están convocadas todas las líneas de ayuda directas y de mínimis. Además, dijo que se ha creado una comisión de seguimiento para ver la evolución, y que con el objetivo de garantizar el futuro de las explotaciones ante este tipo de inclemencias se ha apostado por la política se seguros.
Así, esta misma semana la Consejería de Agricultura y Ganadería y 15 entidades financieras radicadas en Castilla y León suscribieron un convenio que pone 920 millones de euros en préstamos, en condiciones preferentes, a disposición de los agricultores y ganaderos. La fórmula se concreta con el pago de los intereses por parte de la Junta, estimados en 80 millones de euros, y los avales que gestionará el Ministerio del ramo.
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