Hasta entonces, llevar mascarilla o guardar una distancia de seguridad interpersonal como mínimo de 1,5 metros será obligatorio. Igual que el resto de medidas establecidas por el Ejecutivo en este documento, en el que, según ha desgranado el ministro, también se obligará a todas las autonomías a establecer planes de contingencia en hospitales y residencias de ancianos para evitar que la pandemia se reavive.
Como ha expuesto Illa, el Ejecutivo, salvo que surja antes una vacuna eficaz, tendrá la última palabra sobre levantar estas medidas. Sin embargo, Sanidad deberá motivar su decisión en la luz verde del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES).
«Las medidas del real decreto que hemos aprobado hoy estarán vigentes hasta que el Gobierno, de forma motivada habiendo escuchando a las comunidades autónomas y con un informe del CCAES, considere acabada la crisis», ha manifestado el ministro, quien también ha especificado que no respetar la obligatoriedad de la mascarilla allí donde no se pueda respetar la distancia de seguridad puede conllevar una multa de 100 euros.
Planes de contingencia
El documento, que previsiblemente saldrá adelante en el Congreso en virtud de los recientes apoyos recabados por el Ejecutivo, mantendrá una línea continuista sobre las medidas ya establecidas. De este modo, y aunque no haya grandes restricciones sobre la actividad económica, sí continuarán las instrucciones en materia sanitaria, ya que seguirá siendo obligatorio realizar test diagnóstico PCR o similar a todos aquellos casos sospechosos. Las comunidades autónomas también tendrán que seguir facilitando los datos epidemiológicos a Sanidad para continuar realizando un seguimiento como hasta ahora.Una vez superado el estado de alarma, y aunque las regiones ya hayan recuperado sus competencias en fase 3, el decreto establecerá, si sigue la línea marcada por el borrador, que los sistemas sanitarios de las comunidades autónomas tendrán que disponer de un plan de contingencia que permita a sus hospitales ampliar su número de camas disponibles en un plazo máximo de cinco días en caso de que la situación se recrudezca.
En este sentido, el Gobierno impondrá también unas obligaciones algo más estrictas para las entidades que presten servicios sociales. Entre ellas se encuentras las residencias de ancianos, que han sido uno de los epicentros de la pandemia en toda España y que tendrán que ofrecer a las autoridades sanitarias de su región un plan de contingencia con su protocolo de actuación ante hipotéticos rebrotes. Además, estos centros deben garantizar la coordinación «con los recursos sanitarios del Sistema de Salud de la comunidad autónoma en que se ubiquen».
Control en los transportes
En materia de Transportes y para poder atajar posibles cadenas de contagios, el Gobierno establece también algunas obligaciones para los prestadores de dichos servicios una vez que queden superadas las restricciones de movilidad.Así, el decreto establecerá, como informa Sanidad, «la obligación de que los operadores de transporte terrestre, cuyos servicios con asientos preasignados discurran por más de una provincia, conserven la información de contacto de los pasajeros durante un mínimo de cuatro semanas y su puesta a disposición cuando se requiera por las autoridades de salud pública, con la finalidad de realizar la trazabilidad de los contactos en caso de que fuera necesario. Esta obligación se extiende también a los operadores de transporte aéreo».
Higiene y distancia
El ministro Illa ha insistido en que a partir del 21 de junio se levantará el estado de alarma para todo el territorio y, por ende, que todas las regiones avanzarán hacia la nueva normalidad si no se producen contratiempos. En este punto, el titular de Sanidad ha recordado las cuatro reglas que deberá seguir cualquier ciudadano para no alimentar rebrotes de coronavirus: «Llevar mascarilla obligatoriamente, mantener una distancia interpersonal de 1,5 metros, lavado de manos y guardar máxima higiene en espacios públicos y privados».Igualmente importantes se antojan estas medidas en los centros de enseñanza o de trabajo. En estos últimos, los empleadores tendrán que garantizar la distancia de seguridad entres su trabajadores y, de lo contrario, facilitarles equipos de protección.