Ante ello, las cuatro comunidades que acumulan el 95 % de lobos se han vuelto a unir para rechazar la posición del Gobierno central. Fue en una reunión celebrada este martes en el Centro para la defensa contra el fuego de León, en la que estuvieron presentes los consejeros de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria, junto con representantes de las principales organizaciones agrarias.
En el encuentro sellaron un «compromiso a favor de la ganadería y de nuestro medio rural», aseguró el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien consideró una «contrariedad» que se incluya al lobo en el Lespre, lo que supone un «riesgo y un peligro para nuestro territorio», lamentó.
Defendiendo los planes de gestión que cada comunidad autónoma afectada lleva a cabo sobre la especie, el consejero de la Junta reclamó la retirada del proyecto de orden ministerial y «una mesa sin líneas rojas» en la que se cuente con la participación de las organizaciones agrarias como representantes de los ganaderos.
Las cuatro comunidades loberas dan un plazo de tres semanas al Ministerio liderado por Teresa Ribera para que de marcha atrás en la protección especial de la especie y constituya un grupo de trabajo que persiga los objetivos de actualizar el censo nacional de lobos y modificar la estrategia nacional de conservación «de abajo a arriba», teniendo en cuenta la posición de cada territorio. Si el próximo 15 de junio no se ha producido este gesto y una llamada al diálogo, aseguraron este martes que harán todo lo posible para que su inclusión en el Lespre no llegue a ser una realidad. Por su cuenta, coordinarán la realización de un censo nacional y redactarán un texto de actualización de la estrategia nacional. Además, recurrirán al Tribunal Supremo por la vía de lo Contencioso-Administrativa reclamando medidas cautelarísimas que eviten la inclusión del lobo en el Lespre hasta que haya una sentencia.
La consejera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez, hizo hincapié en el trabajo «con muchísimo rigor» que las cuatro comunidades autónomas vienen haciendo sobre la especie a través de sus planes de gestión. «El lobo goza de buena salud», defendió asegurando que las manadas en su territorio han aumentado un 30 % desde que se puso en marcha ese plan.
«Tiene que haber entendimiento y empatía entre la ganadería y el lobo, cuando se rompe ese entendimiento es muy difícil gestionar», explicó. Además, subrayó que el proyecto del Gobierno no va unido a recursos económicos y volvió a apelar al diálogo, porque «estamos a tiempo», dijo. «Hombre y lobo han de ir de la mano», defendió Vázquez.
Por su parte, el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial de Asturias, Alejandro Calvo, defendió que la reunión celebrada este martes en la capital leonesa «se sitúa en la recuperación de un consenso que nunca debíamos de haber perdido», lamentando que el proyecto del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico «plantea unos tiempos que tienen poco que ver con la recuperación de ese consenso».
Más duro fue el responsable de Medio Rural, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, Guillermo Blanco, apuntando que «el Ministerio no está actuando correctamente» y su posición supone «un atentado y un desprecio contra el medio rural». Destacando que la cartera que dirige Teresa Ribera es también la responsable del Reto Demográfico, Blanco habló de «deslealtad institucional» por la ruptura de «un consenso histórico».
«Ninguna de las cuatro comunidades autónomas queremos exterminar el lobo, estamos muy orgullosos de tener lobo en nuestros territorios, pero tenemos que equilibrarlo, controlarlo como lo estamos haciendo, porque el lobo está en la cima de la cadena trófica y salvo el hombre nadie puede equilibrarlo», argumentó. Además, el consejero cántabro se preguntó si el objetivo era «echar a los ganaderos de su medio de vida para crear grandes reservas de lobos, ¿estamos locos? Hay un principio fundamental, antes las personas y su medio de vida quecualquier especie animal», dijo en una intervención en la que celebró la unión de las cuatro comunidades de distinto signo político en este frente común al que se han sumado ya de once autonomías.
Por otra parte, Blanco insistió en que los ganaderos «no quieren que les paguemos a sus animales muertos, lo que quieren es que no se les maten». «El mundo rural merece un respeto que vamos a defender», concluyó.
Dimisión de Ribera
En la reunión participaron también las principales organizaciones agrarias. El presidente nacional de la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja), Pedro Barato, lamentó que «es un ataque permanente lo que la vicepresidenta cuarta hacer al sector». Por ello, aseguró que si no retira el proyecto de inclusión del lobo en el Lespre, que consideró «ideológico», en el plazo dado por las comunidades autónomas, la organización pedirá su dimisión. «De seguir así habrá más lobos que niños en los pueblos», lamentó Barato criticando que desde el Ministerio de Teresa Ribera «no han hecho nada a favor de la España Vaciada».Por su parte, el presidente nacional de Coag, Miguel Blanco, aseguró que hay «indignación» en la ganadería por el «incumplimiento unilateral» del Gobierno. «Se ha traicionado nuestra confianza en el diálogo y en el consenso», denunció. La inclusión del lobo en el Lespre supone, a su juicio, «un riesgo enorme para la ganadería extensiva», una posición que compartieron tanto organizaciones agrarias como las cuatro comunidades autónomas presentes. Además, Miguel Blanco reclamó que «ni un euro de la PAC» vaya destinado a la protección de la especie a través de los novedosos ecoesquemas. De no retirarse la orden, Coag se suma a Asaja y pedirá la dimisión deTeresa Ribera. En la misma línea, pidieron al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, «que no se ponga de perfil y apoye a los ganaderos». Mientras, seguirán manteniendo las movilizaciones del sector «y si es necesario llegaremos a Madrid».
Por último, el representante de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Aurelio González, apoyó a sus homólogos en la petición de dimisión de la ministra de Transición Ecológica si no se retira la orden y concluyó que «los ganaderos son los que están en peligro de extinción». «Así no se hace», denunció dirigiéndose al Gobierno y reclamando diálogo y la creación de una mesa de trabajo. «En el norte del Duero el lobo está en franca expansión», argumentó detallando que en Castilla y León se producen siete ataques diarios a la ganadería. «El control poblacional es una herramienta necesaria», concluyó González.