El Procurador del Común inició una actuación de oficio ante la existencia de una elevada afectación de las áreas arboladas de Castilla y León por la llamada oruga procesionaria, por su “llamativa presencia en parques y jardines públicos y también en zonas de juego infantil o en los patios de los centros escolares”, que ha provocado “una cierta alarma social, sobre todo por los efectos urticantes y los daños que causa el simple contacto con ellas, tanto en las personas como en las mascotas, singularmente en los perros”.
La tendencia a la expansión de este insecto va a hacer cada vez más frecuente su presencia en los entornos urbanosDebido a que ha sido una queja recurrente, desde la Defensoría se sabía que las entidades locales han venido aplicando distintos métodos preventivos y de tratamiento de este lepidóptero, con diferentes resultados en cuanto a su efectividad, sobre todo cuando han existido cambios en el ciclo de eclosión y bajada a tierra de las orugas, ciclo que resulta cambiante año tras año en función de diversas circunstancias climatológicas que provocan, tras los inviernos de temperaturas muy suaves, un adelanto y una mayor proliferación.
El resultado de la actuación puso de manifiesto que las situaciones son muy distintas, ya que hay localidades en las que no existe ninguna incidencia de procesionaria, frente a otras en las que directamente los informes remitidos hablan de plaga y de dificultades en el control de la misma.
Así, según los datos facilitados, la tendencia a la expansión de este insecto va a hacer cada vez más frecuente su presencia en los entornos urbanos, por las condiciones climáticas, por lo que para el Procurador, las administraciones deben estar preparadas para combatirlo en apenas unos meses y mantener la población de esta especie en umbrales aceptables.
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