Esta injerencia de la política en la Justicia reactivaba el malestar de la carrera judicial y fiscal que, como ya hiciera el pasado 22 de mayo, decidía plantarse y hacer oír sus reivindicaciones mientras en los juzgados y audiencias se suspendían vistas, juicios, deliberaciones y demás actuaciones judiciales. Según los datos ofrecidos por los propios convocantes (que son las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales que hay a nivel estatal), en León el seguimiento fue prácticamente total entre los fiscales y de más del 50% entre los jueces –datos referidos al partido judicial de León–, mientras que de acuerdo a la información facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sólo el 40% de la plantilla de jueces de la provincia secundó el paro.
«En estos días asistimos a un nuevo episodio de permanente cuestionamiento del Estado de Derecho. Una vez más, sin el mínimo respeto por el Poder Judicial, se ha anunciado el acuerdo por algunos partidos políticos del presidente del TribunalSupremo y del CGPJ; hechos que se producen en el marco de una situación insostenible en la carrera judicial y fiscal que ha llevado a todas las asociaciones de jueces y fiscales a la huelga». Así comenzaba el comunicado que leyeron ayer los portavoces de los jueces y fiscales de León ante el edificio de los Juzgados, donde recordaron sus reivindicaciones que, ante estos hechos, «recobran especial importancia».
Las reivindicaciones
La independencia judicial es una de ellas, pero también se refirieron a la necesidad de medios materiales para poder dar una adecuada respuesta a los ciudadanos; pidieron la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, «que establece unos plazos de instrucción breves para concluir las causas criminales, concretamente un plazo estándar de seis meses»; denunciaron las excesivas cargas de trabajo; reclamaron retribuciones dignas «toda vez que solo se ha convocado una vez la mesa de retribuciones desde el año 2005», y pidieron que se les restituyan los derechos a permisos y licencias como ya se ha hecho con el resto de la función pública después de que en el año 2012 se les redujeran. Asimismo, insisten en la necesidad de crear más plazas de jueces y fiscales con unas condiciones laborales dignas.«Hoy más que nunca los jueces y fiscales tenemos que salir a defender el Estado de Derecho y la separación de poderes, un CGPJ elegido por las fuerzas políticas va a generar siempre dudas sobre la independencia de la Justicia con el riesgo evidente de mermar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y, en última instancia, en el Estado». La fiscal y miembro de la Ejecutiva de la Asociación de Fiscales, Mónica Alonso, –encargada de leer el comunicado junto al juez de instrucción 1 de León, Javier Muñiz Tejerina, como portavoz de los jueces– señaló que unos y otros asumen unas «cargas brutales de trabajo» que se han «más que triplicado» con el expediente digital llegando a asegurar que «la media de trabajo de un fiscal en León no baja de diez horas ni sábados ni domingos».