La Junta propone multar con 60.000 euros a Serfunle por los descuentos a aseguradoras

El Servicio para la Defensa de la Competencia de la Junta de Castilla y León ha remitido un informe al Tribunal para la Defensa de la Competencia de la comunidad en el que propone unamulta a Serfunle por valor de 60.107,70 euros por hacer descuentos a las aseguradoras, con el consiguiente perjuicio para la competencia de la empresa mixta funeraria, y además sin hacérselos por tanto a los usuarios que no tienen suscrito un seguro.

En la propuesta emitida por este servicio dependiente de la Consejería deEconomía y Hacienda se pide al Tribunal que se declare "la existencia de una infracción por abuso de posición de dominio en el mercado de prestación de servicios funerarios en el municipio de León capital y en los municipios limítrofes de Villaquilambre y San Andrés del Rabanedo", que son los que componen la mancomunidad. También se apunta que esto se debe a que se ha producido una "imposición de precios discriminatorios y otras condiciones comerciales y de servicios no equitativos".

En el documento se resalta por otra parte que Serfunle debe ser sancionada porque ha aplicado "condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que coloque a unos competidores en situación desventajosa frente a otros".

Otro aspecto a tener en cuenta es que el Servicio para la Defensa de la Competencia exige a Serfunle que "se abstenga de realizar dicha práctica facturando a todos los usuarios, operadores y empresas aseguradoras los precios aprobados por la mancomunidad".

Esta resolución se basa en que este organismo considera que "se ha evidenciado que Serfunle, desde la posición de dominio que ostenta en el sector de servicios funerarios de León capital y en distintos municipios limítrofes", es responsable de "un procedimiento de facturación, en ciertos bienes o servicios, incentivando a las empresas aseguradoras, para mantenerlas como clientes, mediante la aplicación de unos precios distintos de los que en realidad corresponden". Esto se traduce en que las empresas aseguradoras obtienen un precio que "difiere del que se aplica cuando estos servicios se facturan a particulares u otros operadores, lo que supone una disminución del precio final facturado respecto al que en aplicación de las tarifas aprobadas por la mancomunidad le corresponderían".