El auto emitido por Lamela el pasado 24 de noviembre considera que el presunto delito de prevaricación de la regidora socialista no es competencia del Juzgado de Madrid. Pero esta decisión judicial no es óbice para que la investigación continúe en León. De hecho, el próximo mes de enero está previsto que haya nuevas pruebas testificales tanto de una de las ediles imputadas como de otros testigos del caso.
Hay que recordar que estos hechos se remontan a 2010, cuando Gancedo firmó una ampliación del contrato del suministro de agua de 15 años más (de 2031 a 2046) a cambio de que el Ayuntamiento recibiera dos millones por parte de la empresa concesionaria y se condonara una deuda de otros dos millones. Una decisión que tenía los reparos de Intervención y que contó con varias irregularidades, como las dos juntas de gobierno denunciadas por la Junta y que fueron anuladas por el TSJCyL. El asunto fue llevado ante la Fiscalía por IU y siguió su curso después de que el fiscal considerara que había indicios de delito y elevara el caso ante el juez.
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