Estas actuaciones se enmarcan dentro de la normativa vigente en España y se suma al Programa de Acción de Naciones Unidas sobre el comercio ilícito de armas pequeñas y ligeras, que tuvo su origen en la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre el Comercio Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras celebrada en Julio de 2001.
Actualmente, la competencia en materia de armas y explosivos que el Estado tiene, se materializa por medio de las Intervenciones de Armas y Explosivos de la Guardia Civil, que controlan el acceso legal a las armas, para lo que el Reglamento vigente establece unos requisitos, entre los que se encuentran la carencia de antecedentes penales y la superación de pruebas teóricas y prácticas sobre el uso y manejo. Asimismo, para evitar que un arma pueda ser utilizada indebidamente cuando el titular deje de tener derecho a su tenencia y uso, la normativa establece que sean inutilizadas o destruidas.
Igualmente, la Guardia Civil, periódicamente, lleva a cabo la destrucción de armas de fuego de diversos calibres, así como armas blancas prohibidas. Algunas de ellas están implicadas en ilícitos, penales o administrativos y tras el correspondiente procedimiento se determinan su destrucción; y otras, que por cesar sus titulares en el derecho a la tenencia y uso y no haber sido adjudicadas en subastas, tienen el mismo fin.
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