Ahora, la Audiencia Provincial deberá pronunciarse al respecto de un recurso que respeta el auto pero alega “divergencias jurídicas” respecto al pronunciamiento del auto que consideraba prescritas las posibles responsabilidades que se les atribuían a 14 ex consejeros de la entidad financiera y sostiene que las supuestas irregularidades no pueden limitarse a la sesión del Consejo de Administración en el que se concedieron prórrogas a los préstamos concedidos al que fuera presidente de la entidad, Santos Llamas, sino que se habrían cometido de forma continuada.
La Fiscalía, que junto a la acusación ejercida por Izquierda Unida, cifró en 60 millones el perjuicio económico para Caja España de las operaciones por las que se investigó a los ex consejeros, apuntó inicialmente que los hechos denunciados -un posible delito societario- se prolongaron hasta 2012.
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