La mujer, según las conclusiones provisionales del fiscal, ideó en 2002 un sistema para obtener dinero en efectivo de parientes y personas allegadas, a las que informaba de determinadas inversiones en productos financieros que estarían reservados a los altos directivos y que, al alojarse en paraísos fiscales (Jersey), producían una alta rentabilidad. Estas personas depositaban en ella su confianza y le entregaban importantes sumas de dinero en efectivo procedente de sus ahorros y del que disponía la acusada sin adquirir ningún producto financiero a su nombre ni entregarlo a Caja España.
Las entregas de dinero se produjeron hasta 2011 y tanto ella como su marido e hijo vieron elevado «notablemente su nivel económico de vida» durante ese periodo. Fue a finales de ese año cuando «la situación se hizo insostenible» y, al no poder hacer frente parcialmente a las peticiones de reembolso de muchos de los inversores, algunos de ellos efectuaron reclamaciones a Caja España, lo que motivó una auditoría interna. El fiscal considera que los hechos constituyen un delito continuado de estafa de especial gravedad por la cantidad defraudada y con abuso de relaciones personales y de falsedad en documento mercantil por el que le pide a ella siete años, cinco meses y 29 días de prisión en el primer caso y dos años y seis meses en el segundo. Por su parte, el marido se enfrenta a una petición de casi dos años por dos delitos continuados de estafa y de falsedad.
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