Para los servicios jurídicos de Fele, el acuerdo de la Asamblea General de Gersul, publicado el 23 de septiembre de 2020 por el que se aprobaba definitivamente los presupuestos del organismo, “vulneraba desde el principio los derechos básicos de los ciudadanos, que se vieron sorprendidos una vez más por una actuación de esta entidad que cargaba sobre la economía de las familias y las empresas una deuda generada fundamentalmente por los principales ayuntamientos de la provincia”.
Los servicios jurídicos de Fele iniciaron un proceso judicial y Gersul comenzó el 26 de noviembre de 2020 una revisión de oficio del expediente tras comprobar que se habían presentado en tiempo y forma alegaciones frente y que se había vulnerado el trámite de audiencia de los empresarios. Al respecto, el dictamen 73/2021 de 12 de abril del Consejo Consultivo de Castilla y León fue concluyente y aseguró que “se había producido la violación del procedimiento de aprobación previsto en una norma legal básica y procede que se declare la nulidad”.
Para Fele lo sucedido es consecuencia de un “intento desesperado de los dirigentes de Gersul por sacar adelante unos presupuestos con un incremento de la tasa de más de un 20 por ciento sin escuchar las importantes irregularidades que advertían los representantes empresariales”.
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