La defensa de Montserrat y Triana citará a declarar a Majo y García Prieto en el caso Carrasco

Relataba Triana Martínez, hija de la asesina confesa de Isabel Carrasco, durante su primera declaración ante la jueza el 14 de mayo del pasado año, que fue Javier García Prieto –procurador autonómico por el PP leonés–, al que se refiere como amigo, el que le aconsejó que se diera de baja en la Diputación. Antes había dicho que la persecución de Carrasco hacia ella cuando trabajaba en la institución provincial como ingeniera de telecomunicaciones empezó unos meses antes de que le hubiera dado su plaza a otro aspirante porque ya sabía que no estaba en el proceso y se sentía «engañada y utilizada».

Una vez que dejó de trabajar en la Diputación provincial, algunas personas del PP leonés y de la Junta, decía Triana, le dijeron que le iban a ayudar. Citaba aquí a Javier García Prieto como uno de ellos, los otros eran Antonio Silván, consejero de Fomento, y Alfredo Martínez, empresario. Ellos mismos le contaron que Isabel Carrasco les había llamado para decirles que no se vieran con ella, «que no tenían que tomar ni vinos conmigo», se recoge en la declaración.

Los dos procuradores, los dos del Partido Popular y los dos enemigos públicos de la expresidenta de la Diputación y el PP leonés También al alcalde de Valencia de Don Juan y procurador en Cortes por el PP, Juan Martínez Majo, le mencionaba Triana aquel día cuando explicaba las inspecciones de Hacienda que, a su juicio, le habrían hecho por prescripción de Carrasco. Según dijo, su «asesor» fiscal, Juan Martínez Majo, le contaba que le pedían cosas que no eran habituales.

Tanto a García Prieto como a Martínez Majo tiene previsto citar la defensa de madre e hija.

Los dos procuradores, los dos del PP y los dos enemigos de Isabel Carrasco. Especialmente pública era la enemistad entre Carrasco y García Prieto, pues era uno de los testigos citados a declarar por parte de la acusación en el caso de los kilometrajes de Caja España contra la expresidenta de la Diputación y el PP leonés. De hecho, Carrasco había solicitado la anulación de estas diligencias argumentando ‘enemistad manifiesta’ y habría promovido un documento que firmaron 26 cargos del PP leonés y que fue elevado al secretario autonómico popular, Juan Vicente Herrera, pidiendo que se expedientase a García Prieto. El Pal-UL denunciaba en el Juzgado de Instrucción número 4 de León –el mismo que lleva la causa del crimen de Carrasco– a los 26 altos cargos del PP de León por presunta obstrucción a la justicia y presunta coacción a un testigo; el asunto sigue pendiente de resolución.