Este plan debe contener «un catálogo exhaustivo de todos los elementos que conforman el área afectada», «los criterios relativos a la conservación de fachadas y cubiertas e instalaciones», «la justificación de las modificaciones de alineaciones, edificabilidad, parcelaciones o agregaciones que, excepcionalmente, el plan proponga», entre otras exigencias. En resumen, se trata de un extenso documento que exige un desembolso de unos 20.000 euros de media por parte del Consistorio, para el que en muy pocos caso se cuenta con financiación y que la Junta –el regulador– tampoco subvenciona.
No obstante, este ‘gasto’ no es el único trastorno que la norma puede ocasionar en los Ayuntamientos desde que en el 2012 la Junta cambiara de criterio y empezará a controlar con mayor exhaustividad la actividad urbanística de los municipios afectados.
Sin el plan de protección es Patrimonio quien decide en última instancia acerca de las licencias de obras En base al artículo 44 de la referida Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León, «la concesión de licencias o la ejecución de las ya otorgadas antes de iniciarse el procedimiento de declaración así como la emisión de órdenes de ejecución, precisara, en el ámbito afectado por la declaración, resolución favorable de la Consejería competente en materia de cultura». Esto supone que de no contar con un plan es la Junta la que tiene que decidir sobre la licencia de cualquier obra, un trámite en el que se emplea entre 4 y 5 meses. Ello ocasiona perjuicios en los ayuntamientos afectados están viendo como se pierden oportunidades para la puesta en marcha de albergues o de hoteles rurales que pueden generar riqueza en los pueblos. Además, las arcas municipales también están dejando de ingresar las tasas por las licencias de obras como consecuencia de los obstáculos burocráticos.
El documento ha de contar con el catálogo de bienes objeto de protección y con las normas que los regulan Por otra parte, desde el momento en el que se incoa el expediente para la tramitación de un plan especial de protección, los ayuntamientos cuentan ya con obligaciones como las especificadas en el artículo 98 del Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León (Real Decreto 37/2007) que establece que «no se admitirán modificaciones en las alineaciones y rasantes existentes, alteraciones del volumen, ni de edificabilidad, parcelaciones, agregaciones y en general ningún cambio que afecte a la armonía del conjunto».
Fuera del papel, la normativa afecta en la provincia a todos lo municipios por los que cruza el Camino de Santiago (33), más los propios de los bienes de interés cultural declarados como Conjuntos Históricos (7 ayuntamiento con un total de 19 bienes, pero 12 de ellos ya se encuentran en el Camino). Sin embargo, hasta la fecha tan solo 5 ayuntamientos –el último en ser aprobado ha sido el de San Justo de la Vega– tienen aprobado de forma definitiva el plan de protección. Al menos los planes de otros ocho municipios se encuentran en tramitación.
La cuestión es compleja, puesto que ayuntamientos como Ponferrada, además del área relativa al Camino de Santiago cuenta con los Conjuntos de pedanías como Peñalba de Santiago o Salas de los Barrios. También es el caso de Astorga, que cuenta con los conjuntos de Castrillo de los Polvazares, la Calzada de La Plata o la propia ciudad.
Una cuestión municipal
La norma rige desde 2002, pero la Junta no empieza a controlar su cumplimiento exhaustivo hasta el 2012 Por otra parte, las discrepancias en los propios ayuntamientos también pueden retrasar estos trámites. En el caso de Lois (Conjunto Histórico de La Villa) comenzó a tramitarse un plan especial del conjunto histórico de Lois redactado y presentado por la Junta de Castilla y León en el que se invirtieron cerca de 20.000 euros. La iniciativa, sin embargo, no salió adelante al ser rechazada en un pleno celebrado en febrero de 2011 y no exento de polémica. La idea era iniciar la redacción de otro plan especial que, pasados casi cinco años, aún no se ha iniciado.
Por otra parte, con la iniciación del expediente la Junta puede exigir estudios arqueológicos si se consideran necesario lo que puede retrasar el trámite y encarecerlo más. No obstante, la mayor parte de los consistorios se deciden a encargar la redacción de los planes «cuando les surge algún problema», cómo explican Andrés Rodríguez Sabadell y Susana Valbuena Rodríguez del estudio de Arquitectura y Urbanismo Rodríguez Valbuena, con una amplia experiencia en este tipo de documentos en distintos municipios de la comunidad autónoma.
Al final, los propios habitantes de cada municipio son tanto los beneficiarios como los encargados de financiar estos planes que marcarán la pauta al futuro desarrollo urbanístico de las zonas con el patrimonio más valioso de la provincia leonesa.