La asistencia sanitaria centra 19 de los 84 dictámentes del Consejo Consultivo

Las reclamaciones sobre la responsabilidad patrimonial suman más de 6,5 millones de euros y los fallos a favor de los perjudicados unos 170.000 euros en total

D.L. Mirantes
02/02/2015
 Actualizado a 10/09/2019
Vista general del Hospital Universitario de León tras la última ampliación. | CARLOS S. CAMPILLO (ICAL)
Vista general del Hospital Universitario de León tras la última ampliación. | CARLOS S. CAMPILLO (ICAL)
El Consejo Consultivo de Castilla y León aprobó en el pasado ejercicio un total de 84 dictámenes solicitados por las Administraciones públicas vía consulta, mayoritariamente de carácter preceptivo: 45 por parte de la Administración Autonómica a través de sus distintas Consejerías, 38 por la Local (Diputación Provincial, Ayuntamientos y Juntas Vecinales), y uno por la Universidad de León.

La única consulta de carácter facultativo presentada en la provincia el año pasado fue planteada por el Ayuntamiento de Ponferrada sobre la asignación económica a los concejales no adscritos en dicha Corporación.

Estos 84 dictámenes suponen el 14% del total de los emitidos en todo el año por el superior órgano consultivo de la Comunidad con sede en Zamora y que preside el leonés Mario Amilivia.

Pese a que en 2014 León ha dejado de ser por primera vezla primera provincia en número de consultas y por tanto de dictámenes, en el registro histórico de los mismos ocupa el primer lugar con mucha diferencia sobre el resto de las provincias: 3.230, frente a la segunda en esta clasificación, Burgos, que acumula 1.803.

Solo la consulta acerca de la asignación económica de los concejales no adscritos del Ayuntamiento de Ponferrada tuvo carácter facultativoEl balance de 2014 se resume en 64 dictámenes sobre responsabilidad patrimonial, es decir, aquellos derivados de consultas de las administraciones por daños a causa del normal o anormal funcionamiento de los servicios públicos; 8 sobre revisión de oficio de los actos administrativos; 5 sobre recursos administrativos; 4 sobre modificación de planes urbanísticos; y uno respectivamente sobre contratación administrativa y régimen local, a los que se suma el dictamen facultativo que pidió el Ayuntamiento de Ponferrada.

En relación a las consultas leonesas despachadas por el Consejo, 3 fueron remitidas por la Consejería de Economía y Empleo; dos por la de Educación; una por Familia e Igualdad de Oportunidades; 14 por Fomento y Medio Ambiente; una por Hacienda; una por Presidencia y 23 por Sanidad.

Administración local


En relación a la Administración Local, la Diputación remitió 3 consultas, dos por accidentes por atropello de animales en las carreteras y otro por un siniestro a causa del mal estado de la calzada.

Los ayuntamientos de Cármenes, Fresno de la Vega, Junta Vecinal de Renedo de Valderaduey, Junta Vecinal de Santa Olaja de la Ribera,La Bañeza, Puebla de Lillo, Riaño, Riego de la Vega, Sahagún, Sahechores de Rueda, San Andrés del Rabanedo y Vega de Infanzones presentaron una respectivamente, mientras que el de Villablino presentó 3, el deVillaquilambre 2 y el de Ponferrada 4.

El Consejo aprobó 14 dictámenes sobre otras tantas consultas del Ayuntamiento de León, todas ellas por responsabilidad patrimonial: 6 sobre mobiliario urbano (5 sobre daños por caídas a causa del deficiente estado de algunas aceras y otra por daños en el acceso al Ayuntamiento por la puerta giratoria); 6 por accidentes debido al mal estado de las calzadas (reventones de ruedas, caída en una pasarela peatonal o caídas por el mal estado de un paso de peatones) y dos por otras causas (una caída en las instalaciones deportivas del Parque y otra por perjuicios derivados de un expediente sancionador en materia urbanística).

Total de las indemnizaciones


La suma total de las indemnizaciones reclamadas en las consultas de la provincia sobre responsabilidad patrimonial alcanzó los 6.623.316 euros.

Los dictámenes de carácter estimatorio, aquellos en los que se demuestra que ha habido responsabilidad patrimonial y se da la razón a los perjudicados por fallos en los servicios de las administraciones, alcanzaron los 170.000 euros. Con ello, como garantía de legalidad con los dictámenes, señala el presidente Mario Amilivia, «coadyuvamos a depurar la responsabilidad patrimonial y a ahorrar mucho dinero público porque las administraciones siguen en un altísimo porcentaje el sentido de nuestros dictámenes».
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