Tres delitos de agresión sexual a menores de 16 años, un delito de violencia de género y doméstica en su modalidad de maltrato habitual y uno más de violencia de género - maltrato físico sientan en el banquillo de la Audiencia Provincial de León a un total de cinco acusados para los que el fiscal solicita penas que van desde los 37 años de cárcel para el principal procesado, a tres años de prisión en el caso de los otros tres. El juicio arrancó este lunes y seguirá hoy martes, a las 9:45 horas.
En sus conclusiones provisionales la Fiscalía señala que el principal acusado, aproximadamente desde el mes de mayo de 2017, mantuvo una relación sentimental de pareja con una menor de edad varios años más joven que él. Juntos convivieron en diferentes localidades de la provincia y, pese a saber la edad de ella, el fiscal subraya que «guiado por el ánimo de satisfacer ilícitamente su apetito sexual, mantuvo en al menos tres ocasiones relaciones sexuales con penetración vaginal con la menor». Fruto de estas relaciones ella se quedó embarazada tres veces. Fija la primera de ellas en abril de 2018, la segunda en el mismo mes de 2019 y la tercera en septiembre de 2020. Tuvo dos niños y una niña.
El fiscal considera que «la menor de edad no estaba capacitada para prestar un consentimiento válido para mantener relaciones sexuales con un hombre adulto», varios años mayor que ella. Señala, además, que durante el tiempo que duró la convivencia entre ambos, «los procesados, integrantes todos ellos del clan familiar», «sometieron a la menor a golpes, insultos y amenazas de modo continuo». Esto ocurrió «en el interior del domicilio común», «de manera reiterada en el tiempo» y desde aproximadamente el año 2020. El objetivo, tal y como se indica en el escrito, era «quebrantar su salud física y psíquica». «De forma habitual» le dirigieron expresiones como «puta, gorda, hija de puta», siendo estas –indica– «un mero ejemplo del ánimo denigrante y vejatorio que imponían los procesados en el ámbito doméstico».
Para la Fiscalía, ese «acoso deliberado e insistente» que ejercían los procesados sobre la menor «se deriva de su carácter sumamente violento y se ha ido sucediendo de forma habitual en el seno familiar, produciéndose agresiones físicas que no denunciaba y por las que la perjudicada no fue médicamente reconocida». Respecto a ese «clima de violencia» ofrece un ejemplo concreto, el previo a la denuncia. Entre los días 21 y 22 de noviembre de 2021 se afirma que el principal procesado propinó «golpes, puñetazos y patadas» a la menor en el interior del domicilio familiar, «guiado por el ánimo de menoscabar su integridad física».
Esta agresión le produjo un «eritema a nivel de escápula izquierda, dolor a la palpación de los últimos arcos costales derechos sin lesiones externas ni fracturas visibles en las pruebas de imagen, equimosis en la rodilla izquierda y equimosis en regiones diversas en la región pretibial de la pierna izquierda en distintos estadios evolutivos». En esta ocasión la joven sí que necesitó asistencia médica, y tardó en curar «siete días de perjuicio básico».
La víctima, asistida de su representante legal, al ser menor de edad, denunció los hechos en el cuartel de la Guardia Civil el 25 de noviembre de 2021 y ese mismo día se detuvo al acusado, que ingresó en prisión provisional un día más tarde, el 26, y permanece en esa situación desde entonces. Por su parte, la víctima se encuentra tutelada desde entonces por la Junta de Castilla y León. Además, en ese momento se dictaron por parte del Juzgado medidas cautelares de prohibición de aproximación y de comunicarse con la víctima por cualquier medio respecto al principal acusado y otro procesado.
Los hechos descritos constituyen para el fiscal tres delitos de agresión sexual a menores de 16 años, un delito de violencia de género y doméstica en su modalidad de maltrato habitual y uno más de violencia de género en su modalidad de maltrato físico. Considera al principal acusado como «autor» de los tres y al resto de los procesados del segundo de ellos. Indica también que respecto al principal acusado concurre la circunstancia agravante de reincidencia en el tercero de los delitos. Por ello, solicita para él una pena de 37 años de cárcel a razón de 11 años por cada delito de agresión sexual, tres por el segundo de los delitos y un año más por el tercero. La Fiscalía añade la petición de libertad vigilada durante diez años, la privación de la patria potestad y la inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidas, que conlleven contacto regular y directo con personas menores de edad durante un periodo de 20 años tras haber cumplido la pena de cárcel, así como la prohibición de aproximarse a la menor a menos de mil metros y de comunicarse por cualquier medio con ella durante diez años por el primero de los delitos y cinco por los dos siguientes.
Para los otros cuatro acusados solicita una pena de tres años de cárcel por el delito de violencia de género y doméstica en su modalidad de maltrato habitual, así como la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante cinco años y la prohibición de aproximarse a la víctima, su domicilio o lugar de trabajo a menos de mil metros y de comunicarse con ella por cualquier medio durante cinco años. Por último, remarca que los procesados deberán sumir el pago de las costas procesales.