Después de casi un año de lucha legal, el Ayuntamiento de Valderrey ha logrado una victoria judicial importante ya que el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1 de León ha anulado y revocado el acuerdo de la Diputación Provincial de León que le retiraba «injustamente» una subvención de 65.900 euros, correspondiente al Plan Provincial de Cooperación del año 2020.
«Todo comenzó el 23 de septiembre de 2023, cuando la Diputación abrió un expediente para quitarnos esa ayuda, alegando supuestos problemas en la justificación de la subvención. A pesar de que esa justificación sí existía, se nos acusó de no haber presentado la documentación a tiempo, con base en informes de la jefa de Servicio de Cooperación, Ana Cosmen», explican desde el consistorio en una nota de prensa.
En la misma, detallan que «el 29 de septiembre de 2023, todos los grupos políticos del Pleno de la Diputación (PP, PSOE, UPL y VOX) votaron por unanimidad retirar la subvención, sin que hubiera ni un solo voto en contra, aun sabiendo el grave perjuicio que esto suponía para un pequeño ayuntamiento como el nuestro».
«Todos los diputados, de todos los partidos, votaron sin valorar los informes técnicos que desmentían el argumento de fondo», aseguran, a la par que indican que «se limitaron a levantar la mano sin saber lo que votaban». «Sin consecuencias, sin multas, sin dimisiones, pero el Ayuntamiento sí se enfrentaba a la ruina y ha tenido que gastar más de 8.000 euros para defender sus derechos», explican el Ayuntamiento de Valderrey.
Asimismo, el 31 de julio de 2024, todos los grupos políticos volvieron a votar por unanimidad en contra de las alegaciones. «No solo se confirmó la pérdida de la subvención, sino que también se exigía la devolución de los 59.310 euros ya recibidos, más los intereses de demora, bajo amenaza de ejecución forzosa por vía judicial».
Recurso del Ayuntamiento
Por ello, el 12 de septiembre de 2024 interpuso un recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso de León, incluyendo toda la documentación que demostraba que las obras estaban ejecutadas, pagadas y justificadas correctamente. «A pesar de eso, la Diputación ni siquiera respondió al recurso, nos ignoraron por completo».
«Mientras tanto, todos esos diputados y diputadas seguían sin asumir responsabilidad alguna, a pesar de que su decisión nos enviaba a una ejecución forzosa», lamentan, por lo que ante esta actitud, decidieron interponer un recurso contencioso-administrativo en el Juzgado de León. «Esta acción fue nuestra única vía para defendernos de una condena injusta que ponía en peligro las finanzas municipales».
«Este proceso ha supuesto un esfuerzo económico muy importante, con más de 8.000 euros invertidos por el Ayuntamiento en defensa jurídica, con el único objetivo de proteger los derechos de nuestros vecinos y vecinas», aseveran en la nota.
Según la jueza del caso, «la actuación de la Diputación fue desproporcionada y contraria a la confianza legítima». El Juzgado declaró nulo y revocó el acuerdo del Pleno de la Diputación del 31 de julio de 2024 y, recientemente, el 12 de mayo de 2025, el Juzgado declaró que la sentencia es firme.