La Universidad de León (ULE) tendrá que volver a sentarse a negociar con los sindicatos el convenio colectivo de su personal docente e investigador laboral. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha condenado a la institución leonesa y al resto de universidades públicas de la Comunidad a reanudar «de forma real y efectiva» la negociación del III Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador (PDI) contratado en régimen laboral, según ha informado CCOO Enseñanza León, que ya ha exigido a la ULE que dé el primer paso y convoque la mesa «a la mayor brevedad posible».
La sentencia, de acuerdo con el sindicato, declara vulnerado el derecho fundamental de libertad sindical de la Federación de Enseñanza de CCOO de Castilla y León en su vertiente de negociación colectiva, y estima parcialmente la demanda de tutela de derechos fundamentales que la organización interpuso el pasado mes de julio. El bloqueo de esta negociación afecta, según los datos de CCOO, a unas 6.200 personas en el conjunto de las universidades públicas de Castilla y León, entre personal docente e investigador e investigadores contratados.
Según explica el sindicato, el fallo obliga a la ULE y a las otras tres universidades públicas a fijar un calendario de negociación de al menos seis meses, con un mínimo de una reunión mensual efectiva, y a aprobar después nuevos calendarios semestrales de forma sucesiva e ininterrumpida hasta que concluya la negociación o concurran causas legalmente justificadas que impidan su continuidad.
«Escudarse» en la financiación autonómica
El secretario general de CCOO Enseñanza León, Víctor Bejega, exigió a la ULE que «atienda a la sentencia y lidere la convocatoria de una Mesa de Negociación del Convenio de PDI Laboral a la mayor brevedad posible». «Escudarse de forma permanente en una falta de financiación autonómica que ni siquiera se lucha para tratar de revertirla no puede ser justificante de este y otros bloqueos», afirmó Bejega.
El argumento de la financiación es precisamente uno de los que, según CCOO, cuestiona el tribunal. De acuerdo con la información difundida por el sindicato, la sentencia reprocha a las universidades que no hayan elaborado las memorias justificativas del incremento de los costes salariales ni hayan solicitado formalmente las autorizaciones de gasto de personal correspondientes, por lo que no pueden trasladar la responsabilidad a la Junta alegando la falta de financiación autonómica cuando no han realizado los trámites necesarios para hacer posible la negociación.
La resolución recuerda así, según CCOO, la responsabilidad de las universidades en el desarrollo de la negociación colectiva, de acuerdo con la Ley Orgánica del Sistema Universitario (Losu), la normativa presupuestaria autonómica y el reglamento de funcionamiento de la comisión negociadora. El sindicato, que en los últimos meses ha denunciado la «infrafinanciación» de la ULE y reclamado la retirada de su plan de recortes, considera que la institución leonesa deberá ahora negociar las condiciones retributivas del PDI laboral para los próximos años y tramitar después las autorizaciones de gasto y las justificaciones exigidas legalmente.
Una negociación abierta desde 2017
La negociación de este convenio arrancó en noviembre de 2017, pero, según el relato de CCOO, desde mayo de 2023 solo se ha celebrado una reunión, la del pasado 4 de febrero. En ella, CCOO y el resto de sindicatos presentaron una propuesta retributiva para 2026 sin que, siempre según su versión, las universidades hayan vuelto a convocar la mesa negociadora ni hayan dado respuesta a esa propuesta.
Ante esta situación, CCOO acudió al TSJ para denunciar la vulneración de sus derechos fundamentales y exigir un calendario de reuniones efectivo. El sindicato pidió también que la Consejería de Industria, Universidades y Empleo de la Junta de Castilla y León participara en la mesa, una pretensión que el tribunal ha desestimado, por lo que la Consejería ha quedado absuelta.
El bloqueo se extiende al PTGAS
Para CCOO, la sentencia supone un «respaldo judicial» a la defensa de la libertad sindical y del derecho a la negociación colectiva, y deja claro que la falta de avances «no puede prolongarse indefinidamente» mediante argumentos que no se han acompañado de las actuaciones administrativas necesarias.
Bejega avanzó además que el sindicato seguirá denunciando un bloqueo que, a su juicio, es «extensible al PTGAS laboral y a otras cuestiones relevantes que afectan a las condiciones laborales de los trabajadores de la ULE». El personal técnico, de gestión y de administración y servicios de la universidad leonesa ha protagonizado ya las protestas anunciadas por UGT, CCOO y CSIF contra los recortes planteados por la ULE.
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