En el trancurso del pleno celebrado este martes en las Cortes de Castilla y León, la UPL se hizo eco de los datos relativos a la movilidad laboral publicados recientemente por la Agencia Tributaria y referentes a 2022, que «llevan a deducir que a la Región Leonesa no le va bien en este marco autonómico, en la que la Junta no puede cumplir con los artículos 2 y 138 de la Constitución, que exigen igualdad y buscar el equilibrio económico entre territorios».
Así se expresó la procuradora leonesista Alicia Gallego, que recordó que Salamanca y León tienen los peores datos de la comunidad en movimiento de trabajadores entre provincias, con un saldo negativo de 800 y 763, respectivamente, «siendo muchos más los que se van a trabajar a otras provincias que los que vienen». Cabe recordar que, efectivamente, según los datos de la Agencia Tributaria llegaron a la provincia de León 680 trabajadores de otras provincias de la comunidad, mientras que se fueron 1.443, arrojando dicho saldo negativo.
En cuanto a Zamora, la diferencia de entrada y salida de trabajadores a otras provincias «también resultó negativa», con 427. El saldo acumulado de las tres provincias de la Región Leonesa, explicó Gallego, «es de 1.990 trabajadores menos en cuanto a entrada y salida de trabajadores a otras provincias de la comunidad, un dato totalmente opuesto al de la provincia de Valladolid, que recibió 4.286 trabajadores más de los que salieron de ella».
Por este motivo, UPL pidió que se facilite «la creación de una comunidad autónoma de la Región Leonesa», e instó al PP a que «se lea la Constitución, ahora que parecen tener tanta voluntad de hacerla cumplir». Por último, la procuradora leonesista declaró que las políticas de empleo de la Junta están provocando «que se vaya el talento joven de provincias como León, Zamora y Salamanca y dejan una población envejecida en una tierra rica».
El consejero que respondió a UPL fue el de Empleo –de Vox–, Mariano Veganzones, que declaró que «hay que ver todas las estadísticas para tener una visión global» y que los datos de la Agencia Tributaria de 2022 «están marcados por la postpandemia y la reforma laboral socialcomunista que entró en abril de 2022 y que está provocando que las empresas prefieran instalarse en Portugal». Además, Veganzones defendió que otros análisis privado «refleja que el 43 por ciento de asalariados se han creado en León, Zamora y Salamanca».
"Tristeza" con el conservatorio
La UPL preguntó también en el pleno por «la nefasta gestión» de la Junta de Castilla y León respecto a la construcción del nuevo conservatorio de música. El procurador José Ramón García repasó los distintos plazos que ha tenido esta obra desde la «promesa» que realizó la Junta en 2008, gobernada entonces por Juan Vicente Herrera. «15 años después, las obras están ejecutadas al 50 por ciento, paradas desde abril, y en segunda licitación actualmente», recordó el leonesista, que sentenció que esto provoca «indignación y tristeza a los profesores y familias» del centro.
«Es una obligación de la Junta de Castilla y León que tengamos un conservatorio digno, como todas las demás provincias, excepto Zamora que tampoco lo tiene», añadió el procurador.
Por su parte, la consejera de Educación, Rocío Lucas, insistió en que la Junta es «la primera interesada en que culmine el proyecto», al mismo tiempo que recordó que ha sido la empresa «la que incumplió los plazos», provocando la rescisión del contrato con la misma. «El grado de compromiso es el máximo que nos ha permitido la ley», matizó Lucas, para explicar a continuación que realizó todos los requerimientos necesarios antes de iniciar la segunda licitación.