La Junta de Castilla y León defiende que la situación de los celadores de Medio Ambiente en la lucha contra incendios forestales no responde a una decisión política propia, sino al “estricto cumplimiento” de una sentencia judicial firme. El fallo, dictado el 7 de octubre de 2025 por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dentro de un procedimiento promovido por el sindicato Uscal, establece que este personal laboral no puede ejercer como jefe de extinción, una función reservada a funcionarios.
El Ejecutivo autonómico subraya que la resolución adquirió firmeza en diciembre tras no ser recurrida, siguiendo el criterio de sus servicios jurídicos, que consideraron que no existía base legal para impugnarla. En este contexto, recalca que los celadores podrán seguir participando en el operativo contra incendios, aunque ya no como responsables de extinción ni con las guardias asociadas a ese puesto.
Actualmente, la Junta asegura que estudia qué funciones pueden encomendarse a este colectivo sin contravenir la sentencia, manteniendo su papel como personal de apoyo en prevención y extinción.
Frente a esta postura, la Asociación de Celadores y Celadoras de Medio Ambiente y varios sindicatos denuncian que la decisión supondrá en la práctica prescindir de más de un centenar de profesionales en el dispositivo contra incendios. Califican la medida de “catastrófica” y advierten de que dejará sin vigilancia especializada zonas de alta montaña y difícil acceso.
El colectivo recuerda que estos trabajadores acumulan hasta 35 años de experiencia y han ejercido como jefes de extinción durante más de una década, además de conocer en profundidad la orografía del territorio. A su juicio, la sentencia únicamente anula la jefatura de extinción, pero no obliga a expulsarlos del operativo, por lo que consideran que la Junta ha optado por la vía “más drástica” en lugar de reasignar funciones compatibles.
Asimismo, defienden que los celadores son agentes de la autoridad en materia de caza, pesca y patrimonio natural y que su presencia resulta clave en intervenciones inmediatas en zonas remotas. Tras un verano especialmente duro, en el que aseguran haber suspendido vacaciones para reforzar el dispositivo, denuncian recibir ahora un “jarro de agua fría”.
Por ello, instan a la Junta a rectificar y advierten de que, ante el aumento del riesgo de incendios por la sequía y las altas temperaturas, prescindir de personal experimentado supone un riesgo añadido para la protección del medio natural en Castilla y León.