El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, apeló este martes al interés público recogido en la ley nacional para justificar las expropiaciones de fincas para desarrollar parques fotovoltaicos y pidió a UPL que trate de cambiar la ley si no les gusta.
La procuradora leonesista en las Cortes, Alicia Gallego, preguntó en el pleno en qué basa la Junta la justificación de "interés general" para aprobar el inicio del expediente de expropiación de 83 fincas pertenecientes a 126 propietarios en el municipio leonés de Cimanes del Tejar, así como de 753 fincas en los municipios de León, Santovenia de la Valdoncina y Valverde de La Virgen, de cara a que empresas eléctricas puedan desarrollar en dichas tierras macroparques fotovoltaicos.
Fernández Carriedo afirmó a continuación que se basan en el artículo 54 de la ley reguladora del sector eléctrico, norma básica del Estado y de obligado cumplimiento, y añadió que no es la Junta quien decide la declaración pública, sino el citado apartado de la norma nacional, en consonancia con normativas de la Unión Europea.
El procedimiento se ha sometido a información pública y se cumplen con el resto de los trámites para la resolución del expediente, explicó el consejero. "No esperaba menos que cumplieran la ley", replicó Gallego.
Sin embargo, recordó que los proyectos no se iban a trocear pero fue una "falsa promesa" de las elecciones de 2022, a lo que añadió que en el caso actual se ha incumplido y se teme que sea así en la zona del Bierzo. 2Se utiliza a los técnicos", indicó antes de hacerse eco del malestar en el sector agrario.
Fernández Carriedo manifestó fonalmente que si a UPL no le gusta esa ley la puede cambiar, pero debe hacerlo a nivel nacional donde "ustedes tienen socios con mucha mano".