Izquierda Unida lleva a la Fiscalía los informes del polémico canon de gestión de Serfunle

Los informes elaborados por los técnicos de la mancomunidad de Servicios Funerarios de León (Serfunle) sobre el polémico canon de gestión que se ha estado abonando al socio privado de la empresa mixta desde su constitución en el año 2003 estaban ya sobre la mesa del Tribunal de Cuentas y ahora han llegado ya a la Fiscalía.

Los representantes de Izquierda Unida en los municipios integrantes de la mancomunidad, León, San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre, han sido los encargados de presentar la denuncia en relación a unos pagos que ascienden a un total de 8.419.530,11 euros entre los años 2004 y 2015.

Santiago Ordóñez, Eloína Terrón y Elena Fernández han considerado tras presentar la denuncia ante la Fiscalía que no es suficiente que el asunto esté ya en manos del Tribunal de Cuentas.

La última asamblea de la mancomunidad pidió un informe jurídico sobre si Carlos Hurtado incurre en incompatibilidad al estar además en PanasefTerrón ha explicado que puede haber "ilícitos penales" y que los informes técnicos hablan de posibles delitos, por lo que apuesta por depurar responsabilidades. "En su momento, cuando se hace el contrato, en los pliegos de condiciones no aparecía un canon de gestión que se estableció a raíz de que la empresa lo plantea", ha recordado antes de detallar que a raíz de la firma del contrato se modificaron los estatutos de la mancomunidad. "De alguna manera se ha ido al dictado de lo que la empresa en ese momento plantea. Es importante que se clarifique y que se vea si hay responsabilidades por parte de las personas que hicieron esa gestión", ha sentenciado antes de pedir "claridad y transparencia" en los servicios públicos o de gestión mixta.

Fernández se ha mostrado "preocupada" por esta situación y ha defendido la necesidad de intervenir cuando existen dudas sobre el empleo del dinero público. Ha recordado que ya ha preguntado al alcalde de Villaquilambre, Manuel García, sobre este asunto. "Lo único que recibimos fueron amenazas de que Mémora es una empresa importante con mucho poder", ha detallado tras defender que se llegue "hasta el final" en la investigación del canon de gestión.

Ordóñez ha recordado que son los técnicos del Ayuntamiento de León los que aparecen como responsables de la incorporación de este canon que su formación considera "ilegal", pero también han sido los que han "destapado" esta situación en los últimos tiempos, considerando que todo el procedimiento de incorporación del canon es "nulo de pleno derecho". "Es una mancomunidad que da dinero, que no necesita de una gestión privada y que no necesita estos escándalos millonarios", ha apuntado.

El también coordinador provincial de Izquierda Unida se ha referido además a Carlos Hurtado como la "persona clave" en este asunto, ya que firmó los informes técnicos que incorporaban este canon de gestión y ahora es el secretario de la Asociación Nacional de Servicios Funerarios (Panasef). "Es una organización patronal en la que está el socio privado de Serfunle y eso hace ver que hay una clara incompatibilidad y que se ha actuado de parte. Es un hecho escandaloso", ha agregado Ordóñez.

Cabe recordar en este sentido que en la última asamblea de la mancomunidad, celebrada el pasado 31 de marzo, se aprobó el inicio inmediato un expediente de revisión de oficio del contrato que supuso la selección de la empresa Service Corporation International (SCI) Spain (actualmente Mémora) como parte privada de la empresa mixta que presta directamente los servicios funerarios. Esta decisión llegaba después de que un informe de la vicesecretaria refrendara el del interventor en la consideración de que el contrato puede ser "nulo de pleno derecho".

Además, se pidió un informe jurídico que determine si Hurtado puede incurrir en "incompatibilidad" por ser al mismo tiempo secretario del consejo de administración de la empresa mixta y de la patronal Panasef.