«Nos parecía que existían unos hechos que presuntamente podían ser constitutivos de delitos, y por fin existe un auto que dispone la continuación y la apertura de juicio oral», resalta Fernández, quien recuerda que «la modificación del contrato del agua se aprobó con el informe en contra tanto del interventor titular como de la interventora accidental y apartando al técnico que estaba dispuesto a informar también en contra de dicha modificación por considerarlo ilegal y nulo de pleno derecho».
«Esta ampliación del contrato de agua, con claros indicios de ilegalidad y nulidad, ha supuesto la subida de la tasa del agua del 75%en el pleno de diciembre del 2016», agrega Fernández, quien destaca que «el único grupo político que votó en contra de dicha subida fue Izquierda Unida». «Porque es una subida que pagan los vecinos del municipio por una presunta prevaricación de la exalcaldesa socialista, María Eugenia Gancedo, apoyada por la exconcejala de Urbanismo, Ana María Herrero», añade la portavoz de IU, quien ve factible que pueda haber sentencia de prevaricación.
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