Los autores basan su trabajo en la evolución de la renta, el empleo y la demografía de las tres actuales provincias del antiguo Reino -León, Zamora y Salamanca- desde 1978. Al respecto, el informe destaca que “una autonomía leonesa no supondría mayor coste al ciudadano”, ya que evitaría duplicidades en servicios administrativos y atendería a los ciudadanos con mayor eficacia, de la mano de la reubicación de sedes administrativas y del personal funcionario actual.
Según los autores del informe, el “fuerte declive socioeconómico” de la provincia leonesa se debe a que “León recibe unos 500 millones anuales menos de lo que le corresponde”. En esa línea, calculan que la nueva comunidad podría autofinanciarse con los fondos ahora asignados por la Junta más el presupuesto de la Diputación Provincial.
Sobre las vías legales para la constitución de la eventual autonomía leonesa, los autores del informe defienden que “hay soporte jurídico para su creación”, tanto en la Constitución de 1978 como en el vigente Estatuto de Autonomía.
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