La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ha decidido prestar el servicio de atención y cuidado escolar durante el mes de junio únicamente en las localidades cabecera de los Centros Rurales Agrupados (CRA), dejando fuera a las familias del resto de pueblos que forman parte de esos mismos centros. La medida, comunicada el pasado 19 de mayo a través de la Dirección General de Centros e Infraestructuras, ha generado un profundo malestar en la comunidad educativa rural de León.
El servicio, regulado por la ORDEN EDU/396/2026 de 30 de abril, permite que los alumnos de infantil y primaria permanezcan una hora más en el centro al terminar el horario lectivo durante los meses de junio y septiembre, con el fin de facilitar la conciliación laboral y familiar. Las familias interesadas presentaron sus solicitudes antes del 8 de mayo, entendiendo que el servicio se garantizaría en todos los pueblos del CRA. Diez días después llegó la notificación que lo desmentía.
El resultado es que los colegios urbanos, los CEIP rurales y las escuelas cabecera de los CRA contarán con el servicio, mientras que el resto de localidades integradas en esos mismos centros quedan excluidas. En la práctica, alumnos pertenecientes al mismo centro educativo público recibirán un trato diferente en función del pueblo en el que viven.
La situación no es nueva. El curso pasado el servicio ya se implementó solo parcialmente en los CRA, y las quejas presentadas entonces ante la Dirección Provincial no recibieron respuesta. Este año el patrón se repite.
La provincia de León concentra una parte especialmente significativa de la escuela rural de Castilla y León, con una red de CRA distribuida por localidades con escasa población, dificultades de transporte y prácticamente sin alternativas de conciliación privada. Para muchas de estas familias, el servicio suprimido no es una comodidad sino una necesidad sin sustituto posible.
Desde distintos sectores de la comunidad educativa se reclama a la Consejería la revisión inmediata de la decisión, el mantenimiento del servicio en todas las localidades de los CRA y la apertura de un proceso de diálogo con las comunidades afectadas. El argumento de fondo es sencillo: no se puede defender la escuela rural en los discursos institucionales y recortar sus servicios al mismo tiempo.