Hurtado denunció las tasas de Serfunle que consiente como asesor económico

Llevó a los tribunales el reparto de beneficios de la mancomunidad entre los tres municipios tras tener que pagar el coste del entierro de un familiar

Alfonso Martínez
13/03/2016
 Actualizado a 30/08/2019
Carlos Hurtado, a la derecha, durante un acto organizado por Panasef. | GOODWILL
Carlos Hurtado, a la derecha, durante un acto organizado por Panasef. | GOODWILL
Jefe del servicio de Asuntos Económicos del Ayuntamiento de León, asesor económico de la mancomunidad funeraria Serfunle, secretario del consejo de administración de la empresa mixta del mismo nombre y secretario de la Asociación Nacional de Servicios Funerarios (Panasef). Son sólo algunos de los cargos que ostenta Carlos Hurtado, que presentó una demanda el 16 de febrero de 2011 contra la mancomunidad por el reparto de beneficios (7,4 millones de euros) que se había aprobado el 19 de mayo de 2010 entre los tres municipios que la integran, León, San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre.

Aunque finalmente no fue considerado ilegal por los tribunales, Hurtado consideraba en su demanda que el citado reparto incumplía el artículo 27 de los estatutos de la mancomunidad, que establece que los beneficios se tienen que destinar a no incrementar o a reducir las tasas y precios públicos que se cobran por los servicios funerarios.

Hurtado se presenta en la demanda como ciudadano y considera que, de haberse respetado este precepto, "tales precios y tasas se habrían visto reducidos de forma significativa o bien no habrían aumentado de forma tan escandalosa como lo han hecho en los últimos años", según reza la demanda.

Hurtado alega además que podría haberse beneficiado de unas tarifas más reducidas a la hora de abonar en octubre de 2010 los gastos del funeral de un familiar cercano y apela a que la actual época de crisis hace necesario que entren en funcionamiento los resortes de carácter compensador y redistributivo que contempla la Constitución.

Pero Hurtado es, como ya se ha dicho, asesor económico de la mancomunidad y consintió por tanto que los precios se incrementasen de forma "escandalosa", tal y como él mismo reconoce en su demanda. Estos beneficios se acumularon entre los años 2003 y 2009, pero la demanda no llegó hasta 2010. Fue entonces cuando se pusieron en orden las cuentas de la mancomunidad y se optó por el reparto entre los municipios de la mancomunidad.

Los precios de los servicios han seguido incrementándose durante estos últimos años sin que se hayan conocido más quejas al respecto. De no haberse acometido el reparto entre los municipios, avalado finalmente por los tribunales, la mancomunidad habría tenido que aportar esa cantidad a la empresa mixta como una subvención para reducir las tarifas de Serfunle, lo que habría elevado los beneficios del socio privado, que forma parte de Panasef.
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