La asociación León Propone ha trasladado al Ministerio de Hacienda una batería de propuestas orientadas a reducir las desigualdades económicas y territoriales que, a su juicio, afectan a provincias como León y a buena parte de la España rural. Las iniciativas fueron presentadas durante una reunión celebrada el pasado 28 de mayo con responsables de la Secretaría de Estado de Financiación Autonómica y Local y varios directores generales del Ministerio de Hacienda.
El encuentro supone un nuevo paso en el trabajo que la asociación viene desarrollando desde hace cuatro años para impulsar cambios normativos y administrativos que favorezcan una distribución más equilibrada de los recursos públicos y de la actividad económica en el conjunto del país. Durante la reunión se abordaron tres cuestiones principales: la distribución de los efectivos de inspección de la Agencia Tributaria, la reforma del sistema de financiación local y la recuperación de mecanismos de compensación para los territorios productores de energía.
Uno de los aspectos más destacados fue el relativo a la organización territorial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). León Propone sostiene que la actual distribución de los recursos de inspección fiscal genera diferencias significativas entre comunidades autónomas. Según la asociación, en regiones con menor actividad económica e industrial existe una mayor proporción de inspectores en relación con el número de empresas y contribuyentes, lo que se traduce en una mayor frecuencia de comprobaciones, inspecciones y actuaciones de control.
La organización considera que esta situación provoca una “presión fiscal indirecta” sobre el tejido empresarial de provincias como León, incrementando los costes administrativos y la carga burocrática para empresas y autónomos. Además, advierte de que esta circunstancia puede favorecer el traslado de domicilios fiscales y actividades económicas hacia territorios donde la presión inspectora resulta menor, contribuyendo así a la pérdida de actividad y empleo en zonas afectadas por la despoblación.
Para corregir esta situación, León Propone plantea una modificación de las competencias territoriales de la Inspección de la AEAT que permita una actuación más homogénea en todo el territorio nacional. La asociación defiende que estos cambios podrían impulsarse mediante resoluciones administrativas y reformas reglamentarias, sin necesidad de acometer modificaciones legislativas de gran alcance. Asimismo, reclama una mayor transparencia sobre la distribución de los efectivos de inspección para poder evaluar con precisión el impacto de este desequilibrio.
El segundo bloque de propuestas se centra en la financiación de las entidades locales. Según la asociación, el modelo actual, basado en normas cuya estructura fundamental se remonta a finales de los años ochenta y principios de los dos mil, no responde adecuadamente a la realidad de las provincias rurales. León Propone argumenta que los criterios de reparto de fondos favorecen a los territorios más poblados y con mayor concentración urbana, mientras que las provincias con una población dispersa y envejecida deben asumir costes más elevados para garantizar servicios públicos básicos.
La propuesta trasladada al Ministerio plantea que la participación de las diputaciones provinciales en los ingresos del Estado incorpore variables relacionadas con la realidad territorial de cada provincia. Entre ellas destacan la población residente en municipios de menos de 20.000 habitantes, la extensión geográfica, el número de municipios y entidades locales menores, la dispersión poblacional, la orografía y el envejecimiento demográfico. Según la asociación, estos factores reflejan mejor las necesidades reales de financiación de los territorios rurales.
Durante la reunión también se abordó la situación financiera de las diputaciones provinciales. Frente a la interpretación de que la existencia de remanentes de tesorería demuestra suficiencia financiera, León Propone defendió que buena parte de esos recursos permanecen sin ejecutar debido a las limitaciones legales existentes en materia de gasto público y contratación de personal. A juicio de la asociación, estas restricciones dificultan la puesta en marcha de políticas destinadas a combatir la despoblación y mejorar los servicios en el medio rural.
El tercer eje de la reunión estuvo relacionado con la recuperación de un canon energético o mecanismo de compensación para los territorios donde se produce energía eléctrica. León Propone sostiene que muchas provincias rurales albergan infraestructuras energéticas, especialmente vinculadas a las energías renovables, y soportan los impactos territoriales y ambientales derivados de su implantación sin recibir una compensación económica proporcional a la riqueza generada.
La asociación recuerda que España contó entre 1981 y 1985 con un sistema de compensación destinado a las zonas productoras de energía. Aunque posteriormente los recursos asociados a ese mecanismo fueron integrados en el sistema general de financiación local, León Propone considera que el actual reparto beneficia principalmente a las zonas más pobladas y consumidoras de energía. Según sus argumentos, los territorios productores no solo generan la electricidad, sino que también asumen las transformaciones del paisaje y las limitaciones de uso del territorio asociadas a estas instalaciones.
Por ello, la organización propone establecer fórmulas que permitan a las provincias generadoras participar de forma más directa en los ingresos vinculados a la producción energética, ya sea mediante una parte de la recaudación del IVA asociado al consumo eléctrico o a través del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE). La iniciativa ha recibido respaldo en distintos ámbitos institucionales y forma parte de una estrategia más amplia destinada a garantizar un mayor retorno económico para los territorios que contribuyen a la producción energética nacional.
Aunque los representantes del Ministerio de Hacienda no mostraron un rechazo expreso a las propuestas presentadas, sí señalaron las dificultades que plantea el actual escenario político para impulsar reformas de carácter legislativo a corto plazo. La fragmentación parlamentaria, las negociaciones sobre la financiación autonómica y la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado figuran entre las prioridades actuales del departamento.
Pese a ello, León Propone considera que la reunión ha permitido trasladar al Gobierno de España una serie de demandas que afectan no solo a la provincia de León, sino también a numerosos territorios rurales de España que afrontan problemas similares de pérdida de población, envejecimiento y falta de oportunidades económicas. La asociación ha anunciado que continuará trabajando para ampliar los apoyos institucionales y políticos a estas iniciativas con el objetivo de que formen parte del debate sobre el futuro modelo de desarrollo territorial y financiación pública en España.