La delegada del Gobierno, Adriana Lastra, ha vuelto a incidir este martes en que su compromiso con las familias de los mineros fallecidos el pasado lunes en la explosión en la mina de Cerredo, en Degaña, y con los heridos es saber cuanto antes que es lo que pasó y qué provocó la explosión. En este sentido ha asegurado que la Guardia Civil está volcada desde el primer minuto en descubrir que pasó.
Lastra se manifestaba así al ser preguntada por los periodistas sobre si conocía ya algún dato de la entrada este martes de la Policía Judicial de la Guardia Civil, acompañada de especialistas y técnicos, al interior de la mina de Cerredo para inspeccionar el lugar en el que la fuerte explosión acabó con la vida de cinco trabajadores y dejó heridos graves a otros cuatro.
"Hoy accedían a la mina y les iremos informando puntualmente de podamos descubrir y también de qué es lo que provocó el accidente", ha indicado Adriana Lastra.
Preguntada si se sigue trabajando con la teoría de una explosión de grisú como principal hipótesis, la delegada del Gobierno ha indicado que está claro que si hubo una explosión y ahora se trata de determinar qué es lo que la provocó.
Además ha indicado que también "hay descubrir si la empresa Blue Solving estaba desarrollando los trabajos para los que tenía autorización, porque en ese tercer piso donde se produjo la explosión sólo había permiso para la retirada de material ya que era una mina clausurada".
El TSJA ofrece ayuda al juzgado de Cangas que lleva el caso
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Jesús María Chamorro, ha dictado este martes un acuerdo por el que se le requiere un informe a la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción único de Cangas del Narcea y de la letrada de la Administración de Justicia de dicho juzgado, sobre la incidencia en el despacho de asuntos ordinarios del Juzgado, de las diligencias penales abiertas por el siniestro -que causó cinco muertes y cuatro heridos graves- en el accidente en la mina de Cerredo (Degaña).
Chamorro ha solicitado que el informe incluya una valoración sobre la necesidad de implementar medidas de refuerzo para el personal del juzgado, la propia magistrada y otros recursos materiales o humanos.
Este paso busca garantizar que la investigación del accidente -centrada en una posible explosión de gas grisú y en la actividad de la empresa Blue Solving- no comprometa la gestión diaria de la oficina judicial.