Proyecto León hizo este miércoles pública la séptima edición de su Observatorio Económico, un análisis de la realidad de la provincia de León que en esta ocasión hace hincapié en las «dos velocidades» de desarrollo entre el oeste de la comunidad autónoma, la Región Leonesa, con Castilla. Según refleja en su estudio este grupo de «opinión debate y pensamiento» coordinado por Javier Callado, la realidad «es contundente»: la actual configuración autonómica supone un «obstáculo insalvable» para el desarrollo de las provincias de León, Zamora y en menor medida, Salamanca.
El informe denuncia inclusa un «fraude de ley» en lo que tiene que ver con la captación de fondos de cohesión europeos, asegurando que la «maniobra» permite a la Junta aprovecharse de las «terribles» estadísticas de la Región Leonesa para captar fondos que no distribuye en relación a ello.
Así, el eje central del estudio gira en torno a la clasificación de las regiones ante la Unión Europea. Según los datos de 2023, la Región Leonesa triprovincial se sitúa en el 72,82% del PIB per cápita medio de la UE, mientras que la cifra para el modelo uniprovincial de León desciende al 71,35%. En ambos casos, si estas unidades concurrieran de forma independiente como regiones NUTS 2, serían clasificadas como «regiones menos desarrolladas» al estar por debajo del umbral del 75%, lo que les otorgaría acceso al máximo nivel de ayudas de cohesión.
Sin embargo, al diluir estos datos con Castilla (que alcanza el 79,35%), la media autonómica sube al 76,77%. Este «maquillaje estadístico» eleva artificialmente la renta leonesa, situándola en el tramo de «regiones en transición». El informe califica esta situación de «éticamente reprobable», ya que asegura que la Junta utiliza la «pobreza» leonesa para captar fondos que luego se aplican en todo el territorio, incluyendo zonas con rentas netamente superiores, privando a los leoneses de los recursos que les corresponden por justicia distributiva.
Un "desplome demográfico"
Proyecto León deja claro que son estas políticas las que provocan «una crisis estructural de extrema gravedad». Desde el inicio del proceso autonómico en 1983, la Región Leonesa ha perdido un 15,86% de sus habitantes, una cifra que contrasta radicalmente con el crecimiento del 28,94% registrado en el conjunto de España en el mismo periodo. El descalabro es especialmente agudo en la provincia de Zamora, que ha visto desaparecer al 26,95% de su población, seguida de León con una pérdida del 15,13%. En ese sentido, se destaca también la mayor velocidad a la que pierde habitantes El Bierzo comparado con el resto de la provincia (17,81%), señalando al Consejo Comarcal como una «herramienta ineficaz» y destacando la «pérdida de vitalidad notable» en Ponferrada.
El Observatorio subraya que este declive no es una tendencia coyuntural, sino un problema estructural que no ha experimentado cambios en el último decenio. Mientras Castilla ha logrado mantenerse prácticamente estable (-0,99% desde 1983), León y Zamora se hunden en los últimos puestos de la tabla nacional, convirtiéndose en un auténtico «problema de Estado».
Del mismo modo, el análisis del mercado laboral arroja datos calificados como «insólitos» para los autores del informe. Aseguran que «resulta incomprensible que, dentro de una misma comunidad autónoma, existan diferencias de 89 puntos en la evolución de la Población Activa Ocupada (EPA). Mientras que desde 1982 la provincia de Valladolid ha incrementado su ocupación en un 88,11%, la de León presenta un saldo negativo del -0,73%.
Esta disparidad supone, según Proyecto León, la quiebra de los principios de equilibrio y solidaridad consagrados en la Constitución Española. El informe critica que la Junta de Castilla y León, a pesar de gestionar casi el 55% del gasto público total en el territorio, no ha activado mecanismos estatutarios de corrección como el Fondo de Compensación Intrarregional o el Plan Plurianual de Convergencia Interior.
"Una entidad territorial fallida"
Ante lo que definen como una «entidad territorial fallida», Proyecto León propone como solución más eficaz la creación de una Autonomía Leonesa, sin entrar en la uniprovincialidad o la inclusión de Zamora, que aseguran se beneficiaría al mismo nivel de León o Salamanca, cuya influencia sería menor ya que sus datos se equiparán más a los de Castilla. Los beneficios de esta nueva estructura administrativa serían inmediatos y aseguran que la recuperación sería «rápida». La creación de una ‘NUTS 2’ propia para la recepción directa de fondos europeos y la gestión íntegra de los recursos según la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y una administración adaptada a la idiosincrasia del territorio serían las bases para lograrlo.