El Consejo de Ministros aprobó ayer la creación de 19 plazas de jueces y 7 de fiscales en Castilla y León, dentro de un paquete de 700 nuevas plazas para toda España que el Gobierno califica como la mayor ampliación judicial de la historia. Para León, la medida tiene un dato concreto: una de esas 19 plazas irá a la Audiencia Provincial, el único órgano colegiado de la comunidad que recibe refuerzo en esta convocatoria. El resto se distribuyen entre los Tribunales de Instancia de las distintas capitales, incluida León.
La cifra tiene perspectiva: en la última década se crearon 22 plazas judiciales en toda Castilla y León. Con esta ampliación, la plantilla judicial de la comunidad crece un 5,8% y la fiscal un 5,07% en un solo año. A nivel nacional, las 500 nuevas plazas de jueces suponen un incremento del 8,5% sobre las 5.887 existentes, y las 200 de fiscales duplican el máximo histórico de creación anual, que no había superado las 100 en los últimos 15 años.
La ampliación es posible gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que sustituye los juzgados unipersonales por Tribunales de Instancia con varios jueces y una oficina judicial compartida. El nuevo modelo reduce el coste de crear una plaza judicial de 500.000 a 100.000 euros, lo que hace que las 500 nuevas plazas cuesten unos 55 millones frente a los 260 que habrían supuesto con el modelo anterior.
La noticia llega en un momento en que la saturación de los juzgados leoneses es un problema crónico que la propia presidenta del TSJCyL, la leonesa Ana del Ser, ha denunciado en repetidas ocasiones. La nueva plaza en la Audiencia Provincial es un paso, pero queda por ver si el refuerzo en el Tribunal de Instancia de León será suficiente para reducir los plazos en una provincia que trabaja históricamente por debajo de la ratio europea de jueces por habitante.
IU lleva la situación al Congreso
Izquierda Unida registrará en el Congreso una batería de preguntas al Gobierno para reclamar un refuerzo estructural de la Justicia en la provincia de León, coincidiendo con el anuncio del Ejecutivo de crear una nueva plaza en la Audiencia Provincial. Para IU, la medida es insuficiente ante un problema que va mucho más allá.
Los datos que maneja la formación son concretos. Los órganos civiles del Tribunal de Instancia de León reciben asuntos que superan en torno a un 70% los módulos máximos de referencia, lo que ha generado una pendencia creciente que no remite pese al aumento de resoluciones. Más grave es la situación en el ámbito mercantil, donde la única plaza existente soporta una carga que supera en más de un 140% los módulos de referencia. En lo penal, hay demoras significativas en el señalamiento de juicios orales.
La Audiencia Provincial también sale mal parada: su oficina judicial tiene menos personal que la de Burgos, un órgano de características similares, lo que genera disfunciones organizativas que afectan al funcionamiento diario.
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