Cabe recordar que recientemente la asamblea de Gersul modificó los términos del contrato con la Legio VII ante la entrada en servicio del segundo vaso que inicialmente gestionará el Somacyl. Ello supuso una rebaja del pago anual a la UTE en base a las nuevas condiciones. La modificación del contrato contó el visto bueno de los integrantes del consorcio, con la excepción de Ciudadanos (CS). Más allá del contenido de la decisión, el acuerdo con la UTE Legio VII y con el Somacyl parece reactivar la gestión del órgano, que ha provocado importantes tensiones entre todos los integrantes del consorcio y que ha requerido el apoyo de la Diputación para su funcionamiento ordinario. De hecho, el pleno provincial aprobó en mayo un convenio entre Gersul y la propia institución en materia de colaboración administrativa. El convenio pone al servicio del consorcio los recursos de la Diputación para tratar de paliar los problemas de personal que complican la gestión. La propuesta salió adelante, pero del diputado de Ciudadanos, Juan Carlos Fernández, advirtió de la necesidad de resolver de manera integral los problemas administrativos del consorcio, mientras que otros diputados insistieron en que el acuerdo no genere «derechos». Así, la asamblea celebrada no aportó soluciones que quedan pendientes para nuevas asambleas.
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