El objetivo es transformar “las infraestructuras que acusan la vejez” para adaptarlas a una Castilla y León “moderna, dinámica y joven”. Así, además de en Salamaca como pionera al ser “la puerta de entrada a una ciudad Patrimonio de la Humanidad y centro de cultura y enseñanza, que recibe en torno a 2,5 millones de viajeros al año”, la Junta actuará en las estaciones de León, Palencia, Soria, Ciudad Rodrigo y Béjar, entre otras localidades.
“Todas las capitales cuyas estaciones sean de titularidad de la Junta van a quedar con esa imagen corporativa única y el proyecto de Salamanca será prototipo”, desveló Suárez-Quiñones, quien también aseguró que la fórmula del convenio firmado este miércoles con el alcalde de la capital salmantina “se seguirá también con el resto de estaciones” y que, por tanto, habrá una “participación modesta” de los ayuntamientos “que permite materializar lo que la ciudad recibe: un cambio de imagen que no es solo para la Junta sino para los ciudadanos”.
En el caso del proyecto de la estación de autobuses de Salamanca firmado este miércoles y cuya licitación de obra saldrá publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León este próximo viernes 28 de julio, el presupuesto asciende a 4,81 millones de euros y su plazo de ejecución es de 18 meses, por lo que teniendo en cuenta los aproximadamente seis meses que tardará como máximo en concederse la ejecución de la obra a una empresa, la renovación comenzará “en medio año” y se inaugurará “en torno a dentro de dos años”. Mientras, coexistirán las obras con la habitual actividad de la estación.
Nueva Ley de Transporte
Durante su comparecencia ante los medios, el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León también avanzó la realización de una nueva Ley de Transporte que “va a plasmar las nuevas necesidades de movilidad, modernizar la estructura del transporte y recogerá las figuras modernas” del sector.
Esta nueva ley se enmarca en el reglamento europeo de 2007 que impide la prórroga de las concesiones de transporte, por lo que aprovechando que en 2019 no se podrán prorrogar los contratos y habrá que licitar las líneas de transporte, Suárez-Quiñones consideró que “es una oportunidad para que la Comunidad haga una reflexión y una modificación para ver la necesidad del transporte según la distribución de la población y la nueva ordenación del territorio”.
Dicha reflexión “se hará a través de una Ley que será un catálogo de derechos de los ciudadanos con respecto al transporte como servicio público esencial, que dará respuesta al transporte a demanda e integrará el transporte escolar para configurar una Ley de transporte moderna, eficiente económicamente y desde el punto de vista medioambiental”. El proyecto se presentará “antes de que acabe el año” y se realizará “un mapa de ordenación del transporte consensuado con ayuntamientos y diputaciones, para que sea un proyecto de Comunidad y no de gobierno”.