Un delito de estafa sentará en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de León a una mujer para la que el fiscal pide una pena de tres años de prisión y multa de nueve meses. Reclama también a una mercantil, de la que la acusada era en el año 2012 socia y miembro del consejo de administración, una pena de multa del triple de la cantidad que estima como defraudada: 1.786.140 euros. El juicio se celebrará el lunes próximo, 8 de abril, a las 9:30 horas.
En sus conclusiones provisionales la Fiscalía apunta que la empresa contra la que se dirige acusación adeudaba a otra mercantil la cantidad de 595.380 euros como consecuencia de las relaciones comerciales existentes entre ambas y que la mujer acusada –mayor de edad y sin antecedentes penales– «era conocedora», como socia y miembro del consejo de administración, de la situación de insolvencia de su empresa y de su imposibilidad para abonar la deuda.
Pese a ello, crearon en la mercantil a la que debían el dinero «una errónea apariencia de solvencia y una falsa expectativa de pago con el objeto de demorar la reclamación judicial de la misma». Así, en fecha de 29 de febrero de 2012 desde la primera empresa, representada por la acusada, se formalizó una escritura pública de reconocimiento de deuda y constitución de garantía hipotecaria por la que reconocía deber a la otra esos 595.380 euros y en ella se pactaba un aplazamiento de pago de la deuda de ocho meses (hasta el 31 de octubre de 2012) sin pagos periódicos, intereses ni comisiones de ningún tipo, constituyéndose una garantía hipotecaria por el total de la deuda sobre dos fincas propiedad de los padres de la acusada.
Sin embargo, según explica el fiscal en su documento, por auto de 10 de abril de 2013 dictado por el Juzgado de lo Mercantil de León se declaró en concurso la empresa y la acusada declaró que estaba afectada por esta calificación, declarándose en concurso, igualmente, a sus padres. Estas declaraciones de concurso dieron lugar a la suspensión del procedimiento de ejecución hipotecaria iniciado por la otra empresa con el fin de exigir el pago de la deuda garantizada con los bienes hipotecados.
Además, el 11 de junio de 2014 la administración concursal de la mercantil acusada y los padres de la mujer ejercitaron acción de reintegración de las fincas gravadas y solicitaron la rescisión de la garantía hipotecaria, siendo estimada esta acción por sentencia de fecha de 17 de noviembre de 2014 del Juzgado de Primera Instancia número ocho y Mercantil de León, eliminando cualquier posibilidad de cobro de la cantidad reconocida como adeudada.
Para la Fiscalía estos hechos constituyen un delito de estafa que atribuye a la mujer y a la mercantil de la que era socia y miembro del consejo de administración, por el que pide tres años de cárcel para la primera y multa de nueve meses a razón de diez euros al día y multa también para la segunda del triple de la cantidad defraudada: 1.786.140 euros.
Del mismo modo, en concepto de responsabilidad civil subraya que la acusada y la empresa indemnicen conjunta y solidariamente a la otra empresa en la cantidad que le adeudaban inicialmente: 595.380 euros.