El fiscal Carlos Castresana ha cuestionado la condena dictada en el caso de Raquel Gago Rodríguez por el asesinato de Isabel Carrasco ocurrido en León, aduciendo que la resolución presenta déficits importantes en su base probatoria. Lo hace en su libro ‘Bajo las togas’, en el que diferentes sentencias que en su opinión no se han hecho de forma correcta.
Según publica El Confidencial, Castresana expone que, aunque existían indicios contra Gago —como una llamada tras el crimen, el hallazgo del arma en su vehículo y una amistad con una de las acusadas—, también se acumulan pruebas de carácter exculpatorio: voluntaria entrega del arma, pruebas de ADN negativas, ausencia de huellas de implicación directa y un relato coherente de su versión del día de los hechos. Considera que tales contraindicaciones no fueron valoradas con el mismo peso que los indicios incriminatorios.
Según el fiscal, en el proceso se ignoraron también líneas de investigación que podrían haber arrojado luz sobre la autoría o participación de otras personas: nunca se exploró con la diligencia suficiente el entorno político de la víctima, ni se examinó a fondo la participación de otros posibles implicados que fácilmente podrían haber tenido papel más relevante en los hechos.
En definitiva, su argumento se sustenta en que, aunque la sospecha era fuerte, el estándar jurídico exige que la prueba indiciaria sea concordante, concluyente, y que no se vea contrarrestada por indicios contrarios; en este caso, entiende que la prueba no alcanzó ese umbral y la condena, por tanto, adolecería de fundamentación suficiente.