La Federación Leonesa de Empresarios (Fele) celebró ayer una reunión del Consejo Intersectorial de Expertos en Prevención de Riesgos Laborales y Recursos Humanos de la provincia, un foro de diálogo, reflexión y colaboración entre profesionales de los recursos humanos y la prevención de riesgos laborales.
En esta ocasión, el encuentro se ha centrado en un tema de creciente relevancia para las organizaciones: la gestión de los riesgos psicosociales en el entorno laboral. En un contexto marcado por la transformación constante de las empresas, los cambios organizativos, la digitalización, la incertidumbre y las nuevas formas de trabajo, el bienestar emocional y la adecuada gestión de los riesgos asociados a ello se ha convertido en factores clave para construir entornos laborales más saludables y competitivos.
Los expertos coinciden en que la gestión de los riesgos psicosociales exige integrar la prevención en la propia organización del trabajo. Se trata de evaluar adecuadamente los factores de riesgo y promover culturas empresariales basadas en la comunicación, la participación, el liderazgo saludable y la mejora continua.
Aprovechando el marco de esta reunión técnica, el consejo abordó la preocupación del anteproyecto de ley por el que se modifica la normativa de prevención de riesgos laborales. Un texto que vuelve a situar sobre las empresas una carga creciente de responsabilidades que exceden el ámbito estrictamente laboral y que son propias de los servicios públicos de salud.
La Fele subraya que las empresas están plenamente comprometidas con la mejora de la seguridad y la salud en el trabajo y que la prevención debe seguir siendo una prioridad compartida por administraciones, empresas, trabajadores o servicios de prevención. Sin embargo, las empresas consideran que la norma tiende a introducir circunstancias personales de las personas trabajadoras dentro de la esfera laboral, trasladando a la empresa un papel de garante general del bienestar físico, mental, emocional y social de sus plantillas.
Este planteamiento genera una importante inseguridad jurídica, especialmente para pymes, micropymes y autónomos con trabajadores a su cargo, que pueden verse obligados a responder por factores sobre los que no tienen capacidad real de control.