Las familias del alumnado del Colegio Rural Agrupado (CRA) Valle del Duerna ubicado en Tabuyo del Monte, con el apoyo a día de hoy de la corporación municipal de los Ayuntamiento de Luyego y Castrillo de la Valduerna queremos denunciar la decisión que, "de forma unilateral y sin ningún tipo de comunicación ni posibilidad de reclamación", ha tomado la Dirección Provincial de Educación asignando el transporte gratuito del alumnado de Priaranza de la Valduerna, Velilla de la Valduerna, Castrillo de la Valduerna y Destriana, actualmente asignados al CRA Valle del Duerna, al CEIP Blanco de Cela de Astorga.
Según explican las familias afectadas en un comunicado, "en la actualidad hay dos alumnos de Priaranza y uno de Destriana que asisten al único centro que queda en el CRA, que es el de Tabuyo del Monte, del que les separan 2,5 y 9,5 kilómetros respectivamente. Con el cambio, pasarían a una distancia de 28,4 y 18,2 kilómetros respectivamente".
Al respecto, señalan que "al comienzo del curso 2023-2024, con la incorporación de un alumno de Priaranza de 3 años y la de un alumno de Destriana de 10 años, cuya aula cerró al finalizar el curso anterior, ya se intentó desde la Dirección Provincial hacer el cambio de adscripción mencionado anteriormente". "De hecho, intentaron aprovechar el desconocimiento de la familia del niño de 3 años, procedente de otro país, de los derechos de su hijo en nuestro territorio para convencerles de que su única opción era que acudiera a la escuela a Astorga", añaden; a la par que apuntan que "en aquel momento hubo una fuerte oposición de las familias y se consiguió que finalmente les asignaran el CRA valle del Duerna como centro educativo de referencia y con transporte gratuito".
Sin embargo, indican que la "sorpresa" de este año, tras comunicarles la Dirección Provincial que el CRA pasaría a ser CEIP por contar ya con un único centro y tras una investigación por parte de las familias de las publicaciones de la Consejería de Educación, es que la Dirección había publicado a fecha del 6 de marzo de 2026 el cambio de las denominadas Unidades Territoriales de Admisión. "Mediante ese cambio, del que no informaron al centro, ni a los municipios ni a las familias desaparecían las localidades de Priaranza, Velilla, Castrillo y Destriana de la UTA del CRA Valle del Duerna", aseveran. De hecho, afirman que "en esa investigación nos hemos dado cuenta que no somos el único colegio al que le pasa, lo mismo le ha ocurrido al CRA de Alija del Infantado por ejemplo".
Las familias defienden que es un derecho
En ese sentido, la familias afectas del CRA Valle del Duerna reprochan que "lo que nos queda claro es que la prioridad de la Dirección Provincial no es la supervivencia de las escuelas rurales ni el bienestar de la infancia de nuestros pueblos, sino más bien lo contrario".
Las familias remarcan que este tipo de maniobras va totalmente en contra de la LOMLOE, que dictamina en su artículo 82 que “en la educación primaria, las Administraciones educativas garantizarán a todos los alumnos un puesto escolar gratuito en su propio municipio o zona de escolarización establecida… En este supuesto las Administraciones educativas prestarán de forma gratuita los servicios escolares de transporte y, en su caso, comedor e internado… La planificación del transporte del alumnado a su centro se realizará minimizando el tiempo de desplazamiento”.
El mismo artículo mencionado también dictamina que "Las administraciones educativas facilitarán la dotación de los centros del ámbito rural con recursos humanos suficientes y fomentarán la formación específica del profesorado de las zonas rurales, favoreciendo su vinculación e identificación con los proyectos educativos del centro. Asimismo, dotarán a la escuela rural de materiales de aprendizaje y de recursos educativos en Internet.
Por otro lado, sostiene que se impulsará la realización de prácticas en los centros educativos del medio rural por parte de estudiantes universitarios y de formación profesional: "La planificación de la escolarización en las zonas rurales deberá contar con recursos económicos suficientes para el mantenimiento de la red de centros rurales, el transporte y comedor del alumnado que lo requiera y el equipamiento con dispositivos y redes informáticas y de telecomunicación y acceso a Internet".
Por todo ello, las familias afectadas remarcan que durante los últimos 10 años han tenido que enfrentarse "a todo tipo de trabas" desde la Dirección Provincial: "negativa a la separación en dos aulas, trabas para la apertura de una escuela infantil de 0 a 3 años, negativa primero y trabas después para la concesión del servicio de comedor, intento de llevarse a los niños a más de media hora teniendo un colegio a menos de cinco minutos, pero no pensamos dejar de luchar para que nuestras hijas e hijos tengan los mismos servicios que el resto de las niñas y niños de esta comunidad autónoma".
"En definitiva, no pensamos callarnos ni pensamos parar hasta conseguir la igualdad de condiciones para los que aún resistimos en estos pueblos y no descartamos poner en marcha la vía judicial para conseguirlo", concluyen.