El presidente de la mancomunidad de Servicios Funerarios de León, Fernando Salguero, confirmó que en un plazo de 15 días se ha de convocar una asamblea de concejales para ratificar el dictamen y comunicar posteriormente a la parte privada de la sociedad mixta el inicio del proceso de liquidación del contrato, que se adjudicó tras admitir el pago de un canon de gestión propuesto por la empresa sin que figurase en los pliegos del concurso.
Varios grupos políticos han apostado ya por asumir los servicios funerarios de una forma directa para reducir los costes de los funerales
En todo caso, Salguero hizo especial hincapié en que la anulación del contrato no está reñida en ningún caso con la legalidad de la gestión que posteriormente se ha hecho del mismo. Cabe recordar en este sentido que tanto el TSJ como el Tribunal de Cuentas se han pronunicado recientemente en este sentido y han considerado que no hay alcance contable en la gestión de la empresa mixta, puesto que se habría ajustado al contrato con independencia de que ahora haya sido declarado nulo.
El resto de partidos políticos que tienen representación en la mancomunidad funeraria también se pronunciaron sobre el asunto. La mayoría de ellos apuestan por una municipalización del servicio, aunque Salguero aseguró que es demasiado pronto para saber qué formula de gestión se va a adoptar tras la liquidación del actual contrato.
El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de León, José Antonio Diez, pidió que se inicien los trámites para recuperar la gestión directa de los servicios funerarios , lo que serviría para un mayor control sobre los mismos y para mejorar su calidad y reducir sus costes. El edil socialista pedirá nuevos informes técnicos y jurídicos que confirmen si debe o no revertirse el canon pagado durante años al socio privado y que ha sido el desencadenante de esta nulidad. "Entendemos que fue un error o, al menos, una decisión técnica lo que llevó al pago de este canon y que deben ser los técnicos municipales los que trabajen de forma urgente y completa para conseguir que la disolución del contrato tenga el menor coste para las arcas municilañes", indicó Diez.
Uno de los técnicos que propuso la adjudicación del contrato anulado, Carlos Hurtado, centra precisamente las críticas de los grupos políticos con representación en la mancomunidad. En este sentido, el concejal de Ciudadanos en San Andrés del Rabanedo, Juan Carlos Fernández, exigió que se depuren responsabilidades y afirmó que el asesor de la mancomunidad y jefe de Asuntos Económicos del Ayuntamiento de León está "perfectamente capacitado para velar por la seguridad jurídica de los contratos". "Los políticos nos fiamos de los técnicos y Carlos Hurtado tiene capacidad para saber lo que hacía", aseguró el edil, quien asegura que pedirá la salida de San Andrés de la mancomunidad en caso de que tenga que pagar algo por la liquidación del contrato.
También desde San Andrés, la concejala de Izquierda Unida, Eloína Terrón, lamentó que la declaración de nulidad no se hubiera impulsado antes de que los tribunales avalasen el pago del canon contenido en el contrato, lo que podría evitar el reintegro del mismo por parte de la empresa. Insistió además en la posibilidad de que exista "conflicto de intereses" entre la presencia de Hurtado en Serfunle y su cargo de secretario de la patronal funeraria Panasef.
Finalmente, el edil del PAL-UL en San Andrés, Francisco Gómez, pidió la apertura de un expediente informativo sobre la labor de Hurtado y apostó por municipalizar el servicio para rebajar los costes de los sepelios.
Más cautos se mostraron los dos ediles que representan al Ayuntamiento de Villaquilambre en la mancomunidad. Por un lado, el alcalde, Manuel García, aseguró que antes de tomar una decisión "hay que convocar una asamblea y acatar lo que dice el Consejo Consultivo". Eso sí, rechazó que el Consistorio del alfoz salga de Serfunle, a la vez que ve "difícil" que se pueda gestionar de nuevo por parte de los tres ayuntamientos, sin empresa privada.
En la misma línea estuvo el concejal de Hacienda, el leonesista Lázaro García Bayón, para el que "hay que ver antes los informes técnicos y, si es nulo, habrá que quitar ese contrato". En cuanto a la responsabilidad de Carlos Hurtado en este asunto, el edil de UPL apuntó que "seguro que no lo hizo de forma intencionada".