Unos 40 aspirantes a las plazas ofertadas de agentes de la Policía Local de León denunciaron este viernes “muchas irregularidades” en la prueba psicotécnica llevada a cabo el pasado 2 de diciembre por una empresa externa y exigieron su repetición para que “se ajuste al derecho y a la legalidad conforme a los principios que rigen estos procesos selectivos, que son mérito, capacidad e igualdad”, particularmente este último, ya que durante la prueba se obligó a los participantes a reflejar si eran hombre o mujer.
Una de las afectadas, que prefiere ocultar su nombre por temor a represalias, explicó hoy a la Agencia Ical que la polémica se desató tras la última prueba del proceso selectivo, la psicotécnica, que consta de un examen de aptitudes, como razonamiento verbal, espacial o cálculo, y de un test de personalidad, que se puede complementar con una entrevista si el tribunal lo ve necesario. Además, la prueba es eliminatoria, de forma que determina si el candidato es apto o no.
Según explicó la joven, el porcentaje de suspensos de esta prueba “suele ser bajísimo”, ya que “el Tribunal Supremo dice y la jurisprudencia lo avala que no puede ser de tan determinante después de haber pasado un proceso en el que ya estás posicionado”. Este porcentaje “se suele situar en un diez por ciento”, aunque en este caso la cifra “se eleva a un 64 por ciento”, lo que hizo “saltar las alarmas”.
La aspirante relató a Ical que el día del examen se les obligó a indicar su género tanto en la prueba de aptitud como en el test de personalidad, a pesar de existir “un principio constitucional de igualdad”, lo que supone “una discriminación directa”, apoyada por “la ley de efectiva de igualdad”. “Es cierto que en ese momento teníamos que haber parado la prueba, pero nadie tuvo narices a decir nada para no quedarse fuera”, lamentó.
También denunciaron los aspirantes que en la prueba de aptitudes “restaban puntuación tanto las respuestas falladas como las que estaban en blanco”, lo que supone “un criterio que no se ha visto nunca y que produce indefensión, porque te obliga a contestar”. Además, esta prueba contaba con “un percentil de 75”, que “no se ajusta al nivel de de oposición, que es un C1”.
En este sentido, señalaron que “en el proceso de oficiales se pidió un porcentaje de 70 y en el proceso de subinspectores un porcentaje 35”, a pesar de ser “escalas superiores a las nuestras”. Además, en una prueba del proceso a agente celebrada recientemente en Valladolid, “se pedía un percentil de 40”.
Por otra parte, en esta misma prueba de aptitudes había “una pregunta que que estaba mal fotocopiada y que no anularon”, mientras que en el test de personalidad “anularon una pregunta en medio del examen porque en la plantilla que ellos tenían pasaba de la 43 a la 45”, lo que “produjo una nueva situación de indefensión porque se perdió tiempo que no nos dieron”.
Además, durante todo el proceso vivido el pasado 2 de diciembre “había un ambiente raro de examen, con gente hablando, sin seriedad y sin control por parte del tribunal”, sobre el que además tuvieron la sensación “de no había experiencia”, de forma que todo el mundo salió del examen “con una sensación rara y mala y sin saber lo que podía pasar, pero convencidos de que el proceso iba a traer cola”.
Por todo ello y “a pesar de que solo hayan dejado cinco días naturales para ellos, de los que uno era Nochebuena, otro Navidad y los otros dos fin de semana”, los afectados presentaron ya una treintena de alegaciones para solicitar la repetición de la prueba y dejaron claro que “podrán llegar hasta el juzgado si la prueba no se repite”.
Empresa externa
Los aspirantes afectados denunciaron también que la prueba “tiene que tener algún tipo de control”, máxime en caso concreto de la adjudicataria de esta proceso que ya lo fue de la del proceso activo interno de oficiales, donde la prueba celebrada hace dos meses “se tuvo ya que repetir por irregularidades”.
La prueba para agente se celebró el pasado 2 de diciembre, aunque los resultados se dieron a conocer este martes, día 23, momento en el que “saltaron las alarmas” al conocer que “el nivel de suspensos se situaba en el 64 por ciento”.