Las situaciones de riesgo de exclusión social o riesgo de pobreza tienen rostro, nombre y apellidos. También, circunstancias del todo variadas, que pasan por lo establecido en los ocho apartados del artículo 2.1 de la Ley 44/2007 para la regulación del régimen de empresas de inserción. Aun así, suelen presentarse en forma de números y porcentajes como los reflejados por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión que, para 2023, dilucidaba que el 26,5 por ciento de la población española –unas 12,7 millones de personas–, se encontraban en esta situación. Para la misma jornada, el porcentaje descendía en Castilla y León al 22 por ciento.
Son precisamente estas situaciones las que llevaron a la Fundación Isadora Duncan a presentar en abril de este año una propuesta a los distintos grupos del Ayuntamiento de León para la puesta en marcha de un mecanismo de concesión de certificados de vulnerabilidad que permitieran a personas en tales circunstancias acceder a ayudas como la del alquiler social, bonificaciones en la cotización –establecidas en el Real Decreto-Ley 1/2023 de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de la protección social– o la contratación de «trabajadores en exclusión social» contemplada dentro de la tipología de contratos del Servicio Público de Empleo Estatal. «Este certificado no está destinado únicamente a personas con el Ingreso Mínimo Vital», aclara la presidenta de la Fundación, María García Álvarez, que pone de ejemplo a los individuos que «este año se han quedado sin ingresos y no pueden acceder a ayudas por haber tenido ingresos el año anterior». En sus palabras, «todas las personas que estén en esa situación deberían acceder a él».
En el texto enviado a las distintas formaciones del Consistorio, la Fundación refería que, «aunque el estado español posea un plan de ayudas que permita atender a estos ciudadanos, mientras no exista una normativa clara, acompañada de un Reglamento de aplicación homogéneo, que obligue a las distintas comunidades a la elaboración de este documento, no se permitirá a los ciudadanos españoles que se encuentren en riesgo de exclusión social o pobreza recibir el apoyo directo por parte del estado en condiciones de igualdad». Hablan de una reclamo a nivel nacional y destacan la labor de las instituciones municipales de Bilbao, Valencia, Girona y L’Hospitalet, que ya emiten este tipo de acreditaciones. «Hemos enviado el texto al Procurador del Común, el Defensor del Pueblo, la Federación de Municipios y la propia Ministra de Trabajo», explica la presidenta: «Estamos haciendo una ofensiva que terminará en Europa».
Desde la entidad, resumen en tres indispensables los requisitos para acceder a los certificados en cuestión: «Ser vulnerable, no tener ingresos y demostrarlo». Destacan igualmente la importancia de estos documentos en materia laboral. «Si la empresa desgrava como en el caso de los trabajadores discapacitados, puede animar a la contratación», señalan. Resuelven además que este tipo de documentos solo pueden ser emitidos por «quienes tienen las competencias de los servicios municipales, como el Ayuntamiento, o servicios provinciales, como la Diputación».
Los primeros pasos de su «ofensiva» han pasado por reuniones con PP y UPL. A pesar de que el grupo leonesista «puso bastantes pegas» en el momento de la reunión, este lunes presentó una moción para debatir sobre la concesión de estos títulos de vulnerabilidad por parte de la institución municipal. Una decisión que la Fundación de Familias Monoparentales Isadora Duncan recibió con «sorpresa». Ahora, presidenta y resto de la Junta Directiva esperan a sus encuentros con el resto de formaciones, asegurando que este certificado «puede suponer la diferencia entre una situación de pobreza y mantenerse en una situación de riesgo de exclusión social».