El Parlamento Europeo estudia actualmente la posibilidad de recompensar a los territorios que generen energías renovables, además de permitir a las comunidades de regantes que comercialicen los excedentes que produzcan mediante sus instalaciones.
La institución comunitaria ha admitido a trámite –a través de la Comisión de Peticiones que preside la exministra Dolors Montserrat– una iniciativa de la asociación León Propone, que cuenta además con el respaldo otro medio centenar de colectivos y busca ahora apoyo de las demás instituciones. En este sentido, se ha solicitado a la Comisión Europea que elabore un informe sobre esta propuesta, que tiene como principal objetivo propiciar «un mayor retorno al territorio de los beneficios que generen las grandes instalaciones de generación de energías renovables, así como mayores garantías para el medio ambiente».
Desde León Propone señalan que «de salir adelante esta petición, supondría una muy importante inyección económica para las provincias productoras, y abriría la puerta a la comercialización de excedentes de energía de las instalaciones de las comunidades de regantes».
La propuesta pasa por establecer un fondo económico de compensación en favor de las provincias generadoras de energía verde (canon energético). Este fondo tendría un destino finalista: proyectos de desarrollo económico en las provincias productoras, que en España son principalmente las que tienen menor desarrollo industrial y mayores problemas demográficos. Una posibilidad que se apunta en la propuesta es que ese canon se genere a partir de un porcentaje del IVA que grava la generación de electricidad, aunque sin perjuicio de otras vías de hacerlo efectivo.
Se trataría de recuperar el canon energético que en España abonaba el Estado a las provincias en función de la producción de energía eléctrica de cada una. Este canon se suprimió –sin compensación alguna– en 1985 y suponía un ingreso «muy considerable» que permitía a las diputaciones provinciales acometer grandes inversiones. En este sentido, desde León Propone recuerdan que la Diputación de León percibió por este concepto en 1984 la cantidad de 1.624 millones de las antiguas pesetas, que equivaldrían hoy a unos 276 millones de euros.
«Esta cantidad debería ser ahora actualizada en función de la energía renovable que se produzca en la provincia y los porcentajes de compensación que se acordase establecer», apuntan desde la asociación antes de admitir que León ya no es un gran productor –tras el cierre de sus cuatro centrales térmicas– pero que puede volver a serlo cuando estén en funcionamiento los macro parques solares y eólicos que obtengan los permisos oportunos. «Este ingreso supondría un importante impulso económico para las provincias que están albergando los grandes parques eólicos y fotovoltaicos, que en general son las menos pobladas. Hay que tener en cuenta, además, que esas provincias son penalizadas en el sistema de financiación de las diputaciones, pues su participación en los tributos del Estado se establece principal en función del número de habitantes. Ello supone que las provincias que más sufren el reto demográfico, son las que menos financiación reciben», concluyen desde León Propone.
Además, la iniciativa que ya estudia la Comisión Europea apuesta por reservar espacio en las redes de transporte y distribución para las instalaciones de autoconsumo de interés general, en especial para el regadío de los campos de cultivo. «El principal problema para que las comunidades de regantes puedan ser autosuficientes energéticamente es la capacidad en las redes para comercializar la electricidad que producen», señalan.
León Propone pide además que se garantice la retirada de las instalaciones una vez agotada su vida útil mediante un «fondo de restauración» impuesto y generado por la UE. Se trata de evitar lo que ha ocurrido con las escombreras mineras no restauradas por las empresas que las generaron y que ahora se está acometiendo con fondos Next Generación (150 millones de euros).
Finalmente, solicitan que se valore adecuadamente la compatibilidad de la instalaciones solares y fotovoltaicas con la protección medioambiental y el desarrollo sostenible de las zonas donde se pretendan implantar grandes instalaciones de generación energética.