Es por tanto buen momento para hacer balance. Los datos ofrecidos este lunes por el CGPJ reflejan que el Juzgado de Instrucción número 7 de León (el elegido a la hora de especializarse en estos asuntos) ha recibido durante el pasado mes un total de 462 reclamaciones. El dato es el más elevado de la comunidad y supone casi uno de cada tres expedientes registrados en sus nueve provincias, tal y como puede observarse en la tabla que acompaña a esta información (representan concretamente un 31,4%).
En Castilla y León se contabilizaron durante el pasado mes un total de 1.471 reclamaciones judiciales por cláusulas suelo, cifra que se elevó a 15.801 en el conjunto del país, siempre según las cifras difundidas ayer por el CGPJ.La decisión de concentrar todos los casos en un sólo juzgado ha provocado críticas en diferentes ámbitos. En este sentido, desde el Colegio de Abogados de León se consideró por ejemplo que este plan supone un «sobrecoste añadido» para los ciudadanos afectados y, en ocasiones, «dificultosos desplazamientos motivados por el procedimiento judicial, al no poder dirimir dichos procedimientos en el ámbito geográfico de su partido judicial». Algo que, señalaban al anunciarse las medidas adoptadas por el CGPJ, se hace «más visible» en provincias como León por su extensión territorial y su orografía. Consideraban además que esta situación perjudica notablemente a los puntos más alejados de la capital leonesa y a Ponferrada.
En todo caso, cabe recordar que, con carácter previo a la puesta en marcha del plan, el CGPJ mantuvo reuniones con los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, con una representación de los jueces decanos y con las administraciones para informarles de las medidas previstas y evaluar las posibles necesidades. Además, durante el primer mes de funcionamiento ha seguido habiendo encuentros de coordinación. El pasado 30 de junio los jueces decanos expusieron en la sede del consejo cómo ha sido el funcionamiento de los juzgados especializados en sus respectivos territorios durante el primer mes y evaluaron las medidas de refuerzo que podrán adoptarse después del verano. Los decanos han sido convocados a un nuevo encuentro el próximo mes de septiembre.
Será entonces cuando Ponferrada conocerá si podrá contar con un juzgado bis que pueda atender las demandas derivadas de cláusulas suelo que se generen en la comarca berciana.
También los sindicatos se han mostrado críticos con la fórmula para hacer frente al incremento de casos derivados de la sentencia europea que declaraba abusivas las cláusulas suelo incluidas en escrituras hipotecarias. En este sentido, los representantes de los funcionarios consideraban que los juzgados no tienen medios materiales ni personales suficientes para poder atender a una situación de este tipo.
Es preciso recordar que el pasado uno de junio se puso en marcha el plan de urgencia aprobado por el CGPJ, que consiste en la especialización de Juzgados de Primera Instancia –uno por provincia en la península y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos canario y balear–, que desde entonces se encargan, de manera exclusiva y no excluyente, de los litigios relacionados con las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física. La inmensa mayoría corresponden a las cláusulas suelo.