La empresa de reciclaje RMD acumula ya 23 multas por parte del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León como consecuencia de no completar de manera adecuada el desentierro de sus residuos en su antiguo depósito de Santovenia de la Valdoncina.
Según denuncian desde Ecologistas en Acción, en 2006 RMD tenía en ese municipio leonés un vertedero ilegal con miles de toneladas de basura que decidieron enterrar en su mayor parte. "Tienen cuatro o cinco hectáreas de residuos enterrados clandestinamente a dos metros bajo el suelo", relatan desde la asociación.
Y es que, en septiembre de 2008, la Universidad de León realizó un estudio sobre la posible contaminación del suelo y las aguas en el municipio de Santovenia de la Valdoncina como consecuencia del antiguo depósito de residuos de la empresa. En las conclusiones de dicho estudio destacaron que en los dos puntos muestreados se encontraron restos de granalla, unas pequeñas virutas que contienen peladuras de cables con polvos metálicos.
En este sentido, recomendaron la eliminación de estos restos de granalla del depósito, así como el saneamiento del suelo “con el objeto de prever cualquier efecto nocivo sobre el medio en el futuro”. También desaconsejaron la utilización de la parcela con uso urbano o agrícola, dejando libres las opciones para un uso industrial o forestal.
Además, el estudio indicó que se había producido un proceso de disolución de algunos metales desde las capas de restos almacenados hasta el agua, lo que podría suponer “un grave riesgo de potencial contaminación de otras masas de agua”.
Finalmente, concluyeron que sería necesario un estudio sobre la permeabilidad de las capas de arcillas “ya que el hecho de haber detectado agua subsuperficial con metales en disolución supone un potencial peligro de infiltración a otros estratos inferiores”.
Dicho estudio llegó a conocimiento de la Junta en marzo de 2013, tal y como se refleja en la resolución del expediente sancionador hacia la empresa RMD del 9 de enero de 2014, por el que se le impuso una multa de 3.000 euros y la obligación de "reponer la situación alterada a su estado originario".
Los meses fueron pasando mientras RMD interponía diferentes recursos que no prosperaron. Cuando llegó el 5 de abril de 2015, fecha límite impuesta para subsanar la situación, la Junta realizó una inspección a las instalaciones de la empresa "comprobando que no se habían comenzado las obras de reposición". La misma operación se repitió en agosto de ese año con el mismo resultado, el centro seguía sin comenzar la limpieza.
Con fecha de 19 de agosto de 2015, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León acordó la imposición de una multa coercitiva de 1.000 euros, advirtiendo a RMD que, si en el plazo de tres meses no cumplía lo ordenado, a dicha multa podrían seguir otras "hasta que se acreditara la realización de las actuaciones expresadas en la resolución".
No sería hasta el 28 de junio de 2017, cuando en otra de las inspecciones de la Junta, se observó que RMD había iniciado los trabajos para la extracción de residuos. Unos trabajos que en octubre de ese año no habían finalizado pero que la empresa decidió paralizar, tal y como se constata en el informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente. No es hasta el 19 de agosto de 2019 que se constatan nuevos movimientos, aunque la restauración sigue sin finalizarse. El 3 de diciembre de 2019 se le comunicó a RMD la comprobación, otra vez, de la paralización de unas obras que nunca más volvieron a reanudarse.
Y desde entonces hasta el presente, han acumulado 23 de esas multas mileuristas a un ritmo de dos sanciones por año. Por estos motivos, Ecologistas en Acción solicita que se decrete la ejecución subsidiaria, es decir, que la Junta elimine los residuos y cargue los gastos a la mercantil. "El terreno y las aguas subterráneas no entienden de leyes, tan solo que llevan 18 años siendo contaminadas por hierro, cobre, zinc y plomo. Algunos de ellos muy peligrosos para la salud humana, y pueden estar consumiéndose para consumo de viviendas o riego de alimentos", lamentan desde la asociación.
Añaden que si la empresa no quiere realizar estas obras no es por precariedad económica. "Esta mercantil viene patrocinando actividades varias, de tipo deportivo, para lavar su imagen. El colmo ya es que el propio consejero delegado de RMD dice que persigue un mundo mejor con esta entidad basada en 'inteligencia y ecología'. Si realmente quiere vestirse de verde, que actúe ecológicamente; enterrar miles de toneladas de residuos bajo dos metros de tierra, en una extensión de unas cinco hectáreas, no es precisamente ecológico. Y no cumplir la resolución de desenterrarlos, tampoco", sentencian los ecologistas.
Finalmente, recuerdan que RMD está en concurso de acreedores y que, si se resolviera ese concurso favorablemente sin cumplir la resolución de la Junta de eliminar los residuos, la Administración deberá hacerlo "inexcusablemente por motivos de salud pública y a costa de su propio presupuesto". Por ello, Ecologistas ha notificado esta situación a la Comisión Europea "para que se implique en el tema y cumpla su compromiso".
La Junta de Castilla y León confirma las inspecciones periódicas a la planta de RMD en Ardocino, así como las 23 multas, pero al tratarse de un proceso lento y costoso en tiempo y forma, se continuará sancionando a la empresa hasta que no se finalicen las obras de saneamiento.