El Comité de Empresa de la Diputación de León emitió este miércoles un comunicado para denunciar la situación de «bloqueo y creciente discriminación» que estaría sufriendo el personal laboral de la institución provincial. De esta manera, lamentan la situación de «paralización y estancamiento» que, desde hace años, estarían experimentando las negociaciones relativas a la mejora de las condiciones de los empleados de la administración presidida por Gerardo Álvarez Courel.
A pesar de las reuniones que el Comité de Empresa asegura haber planteado a los responsables de la institución provincial, sus reivindicaciones «siguen sin obtener una respuesta efectiva por parte de la institución». En este sentido, el personal laboral considera que estas demandas que todavía no estarían satisfechas repercuten «directamente en la equidad del servicio público que la Diputación de León presta en los diferentes servicios», entre los que los que citan a los Centros de Atención Especializada, Turismo o Derechos Sociales.
En primer término, se reclama la corrección de las «desigualdades retributivas» entre trabajadores con igual categoría y que desempeñan funciones iguales y la actualización de las figuras laborales para adecuarlas al marco legal y armonizar la estructura profesional. Igualmente, desde el Comité de Empresa piden la transformación en fijos al personal fijo-discontinuo.
Además, entre las reclamaciones del Comité de Empresa figura la regulación de los turnos y de los complementos correspondientes, así como el impulso a los contratos de relevo. Entre otras demandas pendientes de resolver para la plantilla de la Diputación, también citan el uso del coche personal para funciones laborales.
Si estas reivindicaciones continúan sin ser atendidas, desde el Comité de Empresa no descartan nuevas acciones, aunque sin concretar cuáles serán. «Ante la falta de avances reales y la necesaria responsabilidad institucional para resolver esta situación, exigimos una negociación efectiva y soluciones concretas que permitan abordar, de una vez por todas, reivindicaciones que llevan demasiado tiempo pendientes», exponen en su comunicado.
Tal y como recuerdan desde el Comité de Empresa, el convenio colectivo de estos trabajadores públicos se negoció en el año 2002. Ahora, más de dos décadas después, el personal laboral pide una revisión para acabar con lo que entienden como una «discriminación».