El Procurador pide soluciones para el aprovechamiento de pastos en San Isidro

El Procurador del Común instó a la Diputación de León, al Ayuntamiento de Puebla de Lillo y su Junta Vecinal a colaborar para tratar de solucionar los problemas generados por el aprovechamiento de los pastos alrededor de la zona residencial de la estación de esquí de San Isidro, después de que los vecinos denunciaran que las deficiencias o falta de vallado de las zonas donde pastan las reses en la época estival son la causa de los desperfectos en zonas residenciales y accidentes, sin que las administraciones proporcionen las soluciones adecuadas.

Así lo apuntó la institución dirigida por Tomás Quintana tras recibir una queja en la que se denunciaban las deficiencias existentes en el cierre ganadero instalado alrededor de la zona residencial de la Estación de esquí de San Isidro, donde la institución provincial se había comprometido a solucionar la deficiencias que provocan que el ganado deambule por la zona urbana y a lo largo de la carretera LE-331, lo que ocasiona daños y supone peligro de accidentes para los residentes de la zona y visitantes.
En concreto, los hechos que se denunciaban ponían de manifiesto los desperfectos causados por las reses en las zonas urbanas de la estación, particularmente daños en diferentes zonas comunes e incluso accidentes de tráfico a causa del mal estado del vallado y la falta de una delimitación adecuada y segura de los lugares de pasto en verano.
Admitida la queja a trámite, se constató que dichos terrenos pertenecían a la Diputación de León, que había cedido, mediante convenio, su aprovechamiento ganadero durante la época estival por un largo periodo de tiempo a la Junta Vecinal de Puebla de Lillo, mientras que los elementos comunes y las dotaciones urbanísticas fueron y recepcionadas en el año 2013 por el Ayuntamiento de Puebla de Lillo.

Ante estos hechos, con el fin de garantizar durante los veranos la coexistencia del uso ganadero extensivo con los usos recreativo y residencial, el defensor del pueblo de Castilla y León emitió una resolución en la que determinó las actuaciones que deberían adoptar cada una de las tres administraciones implicadas, al considerar que “las tres tienen que contribuir, en el marco de sus competencias, para solventar el problema”.

En primer lugar, el Procurador del Común instó a la Diputación de León para que, en colaboración con la Junta Vecinal de Puebla de Lillo y con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, apruebe un Plan de carga ganadera que determine, entre otras cuestiones, el número máximo de cabezas de ganado que pueden pastar en las zonas clasificadas como Suelo Rústico de Protección Natural-Estación Invernal y Suelo Rústico de Protección Natural-Estación de Montaña, su distribución y régimen de aprovechamiento, así como el período de disfrute, fijando las fechas de entrada y salida de los animales en dicho terreno propiedad de la institución provincial.

De igual manera, señaló que se debe implantar un sistema efectivo de cierre ganadero que delimite la zona acotada para pastos durante la época estival, garantizando la tranquilidad de los vecinos y propietarios de la zona urbana del Puerto de San Isidro y la seguridad del tráfico viario de la carretera LE-331, para lo que se ha de contar con la autorización de la administración autonómica titular de dicha vía.

Por razones de seguridad, Tomás Quintana también apuntó que se deben retirar los materiales y restos de antiguos cerramientos en desuso y recomendó que en el futuro Plan de carga ganadera la Diputación valore la posibilidad de ubicar alguna instalación que permita el manejo, la carga y la descarga del ganado en la zona clasificada como Suelo Rústico de Protección Natural, para evitar la utilización de las zonas comunes o de alguna dotación situadas en la zona urbana del Puerto de San Isidro para usos que no son los propios.

En cuanto al Ayuntamiento de Puebla de Lillo, entidad responsable en la conservación y mantenimiento de las obras de urbanización y dotaciones urbanísticas existentes en el área residencial del Puerto de San Isidro, el Procurador pidió que adopte las medidas pertinentes para impedir la utilización de dichos espacios para el manejo y la carga y descarga de ganado.

Para ello, solicitó que se notifique esta circunstancia a la Junta Vecinal de Puebla de Lillo, como adjudicataria del aprovechamiento ganadero existente en los terrenos rústicos propiedad de la Diputación de León. Además, le recordó al Consistorio la necesidad de mantener las calles de las zonas urbanizadas en adecuadas condiciones de salubridad, procediendo a la limpieza de los residuos ganaderos que pudieran aparecer en las mismas.

Por último, Tomás Quintana indicó a la Junta Vecinal de Puebla de Lillo, la adjudicataria del aprovechamiento ganadero existente en los terrenos rústicos situados en el Puerto de San Isidro, que colabore con la Diputación tanto en la elaboración del Plan de carga Ganadera, como en la implantación de un sistema efectivo de cierre ganadero, así como en la retirada de aquellos materiales de antiguos cerramientos en desuso que pudieran hallarse en el lugar.