El Procurador alerta del retraso de Familia en reconocer el grado de discapacidad en León

El Procurador del Común ha iniciado una actuación de oficio después de detectar el retraso en el reconocimiento del grado de discapacidad que la Consejería de Familia tiene en la provincia de León en particular pero también en toda la comunidad autónoma. Según un informe de este organismo de Castilla y León, durante el primer trimestre había 2.250 solicitudes iniciadas, pero sólo el 27% se tramitaron y culminaron en menos de tres meses.

Por este motivo, se ha iniciado la actuación para así poder evaluar el estado de los procedimientos en estos momentos "tras tener conocimiento de diversos retrasos y demoras que se han llegado a cifrar en hasta un año", según comunicó este lunes. De hecho, el informe resuelto a principios de este año permitió conocer de mano de la propia Consejería cómo era la situación, por lo que se detectó que menos de un expediente por cada tres se tramitaba tal y como se especifica en el artículo 8,4 de la Orden de 15 de junio del año 2000.

Según consta en la normativa autonómica, el plazo máximo para la resolución y notificación es de tres meses, que se computan desde la fecha de recepción de la solicitud hasta que se comunica el grado de discapacidad.

También se establece en esta Orden, en concreto en el artículo 41, la obligación de adoptar "las medidas precisas u oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto de sus intereses legítimos disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitación".

La Consejería informó a principios de este año al Procurador del Común de que ningún expediente superaba los once meses, pero el órgano autonómico consideraba aún así que se trataba de "tiempos excesivos, teniendo en cuenta que se tratan personas con necesidades específicas". Aun así, el departamento de Alicia García apuntó que tomaría medidas para paliar esta situación, por lo que anunció que contrataría un nuevo equipo de valoración para la provincia de León compuesto por tres profesionales especializados para acometer estas tareas y, por tanto, incrementar la respuesta de la Consejería en León.

De hecho, la provincia es la que tiene un mayor número de personas con discapacidad pendientes de que se les evaluara el grado, ya que de las 7.145 solicitudes, 2.250 eran de León. Le siguen Burgos con 1.440; Salamanca con 1.045; Valladolid con 741; Ávila con 446;381 en Palencia, 331 en Segovia, 326 en Zamora y 185 en Soria.

El objetivo que se busca con esta nueva actuación es conocer el estado de toda la comunidad y, según reconocía el propio Procurador del Común, comprobar si se producen o no retrasos en estas valoraciones en la actualidad, ya que "no debe olvidarse que la propia finalidad del reconocimiento del grado de discapacidad se centra en la necesidad de garantizar el acceso del ciudadano a los beneficios o recursos que los organismos públicos proporcionan" a este colectivo, según apuntó el organismo presidido por Javier Amoedo y cuya sede está en León. Según apuntaba, este fin "se ve frustrado si en la tramitación se producen retrasos".