Por eso, los populares solicitan al Gobierno de España que mantenga los registros civiles y juzgados de paz, y que adopte las medidas necesarias, antes del 30 de junio, “que preserven la naturaleza del Registro Civil como un servicio público y gratuito, y garanticen el acceso a todos los ciudadanos con una red de oficinas próxima en la provincia de León, además impulsar el acceso al registro mediante servicios electrónicos en la provincia”.
Explica el portavoz del Grupo Popular, Adolfo Canedo que, según la planificación del Gobierno socialista, las oficinas de los Registros Civiles de los municipios de menos de 50.000 habitantes están avocadas al cierre en menos de seis meses, “por lo que nuestra preocupación es alarmante, ya que nos quedaremos sin este servicio y, con una población cada vez más envejecida, tendrán que trasladarse a León para realizar cualquier trámite que, hasta ahora gestionaban en nuestro Registro Civil y Juzgado de Paz”. O, en su defecto, lo que considera más sangrante “tendrán que pagar a un intermediario para gestionar servicios que son y deben seguir siendo gratuitos: partidas de nacimiento, certificado de matrimonio, de defunción, actos de conciliación…”
“El Gobierno tiene que garantizar, en el marco de sus competencias, el acceso a los servicios que prestan los registros en igualdad de condiciones, por lo que exigiremos con firmeza que este principio básico esté garantizado”, apuntan y piden el máximo consenso del próximo Pleno Municipal. Además, solicitan conocer cuántos puestos de trabajo se perderán por la posible pérdida de estos registros.
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